El Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó la validez constitucional del retiro obligatorio de los jueces a los 70 años, al denegar una petición de certiorari presentada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) y dos jueces apelativos, en su carácter individual, para que se declarara inconstitucional, al amparo del derecho federal, la disposición de la carta magna que obliga a los magistrados a retirarse al cumplir dicha edad.