Aibonito - El juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, declaró este lunes “no ha lugar” la solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera para paralizar el proceso judicial con el objetivo de realizar una nueva evaluación de salud mental a la acusada y determinar si es procesable.

Durante la conferencia con antelación a juicio, el juez también dejó sin efecto las vistas que estaban señaladas para el 21 y 23 de abril.

De otro lado, se llevó a cabo una vista argumentativa al amparo de la Regla 64, donde la defensa solicitó la desestimación parcial de cargos, que buscaba reclasificar el asesinato en primer grado como asesinato atenuado. La jueza Carol M. Ortiz Rivera declaró, igualmente, no ha lugar a esa petición.

Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quedó citada para el 4 de mayo, a las 9:00 a.m., para la continuación de los procesos en el Tribunal de Aibonito, cuando se espera que comience el juicio. Sin embargo, la defensa ya adelantó que apelará ambas determinaciones, lo que continuaría retrasando el proceso judicial.

Durante la vista argumentativa, la defensa, compuesta por las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), solicitó la desestimación parcial de los cargos bajo la Regla 64 de Procedimiento Criminal.

La petición buscaba que el tribunal reclasificara la imputación de asesinato en primer grado a asesinato atenuado al alegar que la prueba presentada no sostiene “existencia de planificación ni acuerdo previo” de los sucesos que terminaron con la vida de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en agosto de 2025.

El asesinato atenuado reduce la gravedad del delito al sugerir que la muerte, en este caso de Pratts Rosario, ocurrió en medio de una “perturbación emocional o una súbita pendencia” de la acusada.

La defensa sostuvo en sala que “no se presentó prueba sobre algún concierto o común acuerdo” entre la imputada y otras personas, entiéndase su madre y coacusada, Elvia Cabrera Rivera.

Argumentaron, además, que los hechos descritos por los testigos reflejan “múltiples peleas simultáneas” en un escenario confuso, donde la intervención de la imputada habría ocurrido de forma espontánea.

En esa línea, Jiménez Emanuelli alegó que, de la prueba del Ministerio Público, surge “claramente un escenario de asesinato atenuado” y que ninguno de sus testigos declaró haber observado coordinación, comunicación previa o acuerdo entre la imputada y otras personas. La jueza Carol M. Ortiz Rivera declaró no ha lugar a esa petición.

En la moción rechazada por el juez Juan A. Reyes Colón, la defensa solicitó paralizar el proceso para una nueva evaluación de procesabilidad bajo la Regla 240 del Procedimiento Criminal, al mantenerse en la posición de que la imputada no tiene la capacidad mental adecuada para enfrentar el juicio.

La petición se fundamentó en un informe pericial —cuya doctora es subespecializada en niños y adolescentes con discapacidad intelectual y fue contratada por la defensa— que recoge limitaciones cognitivas, dificultades de comprensión, problemas de procesamiento y un historial de tratamiento psiquiátrico y, por otra parte, referencias al desempeño educativo y currículo de educación especial de Avilés Cabrera.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso, estableciendo que no existen fundamentos suficientes para una nueva evaluación.

“Comprendía el proceso, sabía quiénes eran las personas envueltas, podía contestar preguntas y estaba en disposición de cooperar con su defensa”, dijo la fiscal Silda Rubio Barreto con relación al informe, añadiendo que la evaluación de incapacidad mental no se limita al coeficiente intelectual, sino a la funcionalidad adaptativa de la persona.

Rubio Barreto destacó elementos de la vida cotidiana de Avilés Cabrera, como su facultad de “socializar, tener amigas, arreglarse el pelo” y desenvolverse, en general, en entornos sociales.

“La discapacidad mental o incapacidad mental no cambia de un día a otro. La discapacidad mental moderada, que es lo que dice la doctora que tiene, no cambia de diciembre a abril, sigue siendo el mismo. Y el informe hace un recuento de todo lo que ella comprende”, sostuvo.

Tras ambas determinaciones, la abogada de la defensa María S. Sáez Matos adelantó que apelará las decisiones del tribunal al considerar que son contrarias a derecho.

Sáez Matos cuestionó el estado del proceso judicial, señalando que aún no se ha seleccionado el jurado ni siquiera se ha completado el descubrimiento de prueba, ya que la fiscalía no ha presentado una contestación escrita. Esta ya había solicitado una prórroga para responder a la moción de la defensa, al indicar que el requerimiento —que supera las 50 páginas— incluye documentos, fotografías y videos, por lo que necesitaban tiempo adicional para su evaluación.

“A mí me parece muy triste tener que explicarle a la ciudadanía lo que hemos visto en este caso. Y no importa la argumentación que haga la fiscalía, que alteró los hechos, declaró cosas que no fueron prueba y citó casos obsoletos”, expresó.

La licenciada también sugirió que la decisión de la juez estuvo influenciada por la cobertura mediática.

“El tribunal ha actuado totalmente temeroso, pendiente a cómo se proyectan y de lo que entienden que quieren que la gente diga. En el tribunal los abogados de defensa venimos confrontando esta situación hace tiempo”, manifestó, al añadir que “los jueces tienen que ser valientes”.

“Eso continúa la pauta de este caso que es una cobertura llena de especulaciones, cosas inflamatorias y totalmente alejadas de la prueba que se presenta y el derecho”, dijo Sáez Matos.

Planteó, además, que el proceso ha transcurrido de esa manera en el caso de Avilés Cabrera por “ser mujer”, y que los casos en los que el imputado es hombre no suelen recibir tanta cobertura mediática.

La acusada compareció a sala escoltada y vestida de blanco, nuevamente; esta vez con un lazo del mismo color en su cabello.

El 17 de abril, el tribunal denegó una solicitud de la defensa para que a Avilés Cabrera se le permitiera acceder al edificio por la entrada posterior. En la resolución, se determinó que esta utilice la entrada principal del tribunal, como cualquier acusado.

De otro lado, el tribunal sí acogió la petición de la defensa para que no se muestre su rostro durante el juicio. Tampoco se podrá divulgar o transmitir durante los procesos judiciales su nombre, edad, lugar de residencia, estudios o empleos.

En el caso de la coacusada y madre de Avilés Cabrera, Elvia Cabrera Rivera, el juez Luis S. Barreto declaró “no ha lugar” a la moción presentada por la defensa, que buscaba disolver el jurado y emitir orden de mordaza en el caso en su contra. El juicio contra Cabrera Rivera está pautado para el próximo viernes, 1 de mayo.

Avilés Cabrera fue excarcelada el pasado 25 de marzo por medio de un recurso de habeas corpus, luego de que el tribunal determinara que había transcurrido el término máximo de su detención, 180 días, sin que comenzara el juicio.

La imputada permanecía recluida en el Centro Médico Correccional del Complejo de Bayamón desde el 19 de agosto de 2025.

Como condición de su liberación, permanece bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica y restricciones de movimiento.