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La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, solicitó al Tribunal de Aibonito que paralice el juicio “por un término mínimo razonable de seis meses”.

La solicitud ocurrió luego que el Tribunal Supremo rechazó paralizar el juicio, reclasificar el cargo de asesinato en primer grado como atenuado y revocar un fallo del Tribunal de Apelaciones que confirmó la procesabilidad de la acusada.

“Solicitamos a este ilustre Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que ordene la paralización de los procedimientos y posponga el juicio de la menor AAC por un término mínimo razonable de seis meses después de haber concluido el juicio contra su señora (madre) Elvia Cabrera (Rivera)”, indicó la defensa en la moción.

De momento, el juicio está programado para comenzar el martes, 23 de junio, ante el juez Juan A. Reyes Colón. Sin embargo, la defensa de Avilés Cabrera no ha indicado aún si solicitará un juicio por jurado o por tribunal de derecho.

Las abogadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), han insistido en que la joven no es procesable.

En la “Moción reclamando publicidad adversa y solicitud de remedio al honorable tribunal”, las abogadas hicieron un recuento de los hechos que llevaron a que la Fiscalía de Aibonito presentara cargos contra Avilés Cabrera, de 18 años, que es juzgada como adulta.

En resumen, Avilés Cabrera y Cabrera Rivera enfrentan dos cargos cada una por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por uso y/o portación de un arma blanca por el crimen ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón.

Recientemente, la Fiscalía de Aibonito enmendó la acusación contra Avilés Cabrera para incluir tres circunstancias agravantes, lo que, de ser hallada culpable tras el juicio, la expondría a una pena más severa. Tan solo por el cargo de asesinato en primer grado, enfrenta una posible condena de hasta 99 años en prisión.

“El 10 de agosto de 2025 se celebró en el pueblo de Aibonito una actividad multitudinaria, en área de la plaza pública, denominada Gran Cierre del Verano Municipal (2025). Tras culminar dicha actividad, a eso de la media noche, un nutrido grupo de personas se movilizó al desvio Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en Aibonito, para continuar la celebración”, indicaron las abogadas en la moción.

“En la madrugada del 11 de agosto de 2025 se suscitó en dicho lugar un motín en el que lamentablemente murió la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario y otro adolescente resultó herido con arma blanca. En los días subsiguientes -desde el 11 de agosto de 2025 hasta el 19 de agosto de 2025- la alta oficialidad de la Policía de Puerto Rico y la Secretaria de Justicia aseguraron a todos los medios noticiosos del país que, conforme a la prueba recopilada por la Uniformada y entregada al Ministerio Fiscal de Aibonito, surgía claramente que los sospechosos de la muerte de Gabriela Nicole Pratts lo eran seis personas, cuatro menores de edad y dos adultos de 20 años”, añadieron en el documento.

A modo de contexto, la defensa enfatizó que, sin embargo, se formularon cargos solo contra dos personas, incluyendo su representada. Precisamente, la madre de Avilés Cabrera enfrenta un proceso separado. Actualmente, se encuentra en la etapa de juicio por jurado, donde han declarado 12 personas en 12 días.

Asimismo, la representación legal de la acusada argumentó que la amplia cobertura mediática y la exposición constante del caso han generado un ambiente adverso para su clienta, afectando su derecho a la presunción de inocencia y a ser juzgada por un jurado imparcial. Sostuvo que la difusión del caso ha sido tan extensa que resulta difícil encontrar potenciales jurados que no hayan estado expuestos a información o prejuicios relacionados con el proceso.

“La publicidad en el presente caso -desde un inicio- ha sido abrumadora y consistente, además de irremediablemente adversa a nuestra cliente. Solamente tapando el cielo con la mano se podría tratar de justificar que nuestra representada, a causa de dicha publicidad adversa, no ha visto afectados sus derechos constitucionales a una presunción de inocencia y a un juicio justo ante un jurado imparcial”, precisó.

“A través de la jurisprudencia, tanto a nivel estatal como federal, se ha establecido que, cuando esto ocurre, hay varias alternativas para tratar de minimizar el daño causado al acusado. No obstante, debido a que Puerto Rico es una pequeña isla de 100 x 35, la alternativa de cambiar de jurisdicción el presente caso resulta ser impráctica debido a que la totalidad de nuestra población ha recibido la publicidad adversa que se ha generado, desde el día uno, a través de los medios de comunicación y las redes sociales”, abundaron.

Por ello, la defensa indicó que “los potenciales miembros a jurado se encuentran en estos momentos contaminados, por lo que se hará imposible, en estos precisos momentos, encontrar personas libres de presiones, prejuicios y pasiones dispuestas a juzgar objetivamente a nuestra cliente”.

“Siendo esto así, cualquier otra opción dispuesta por los tribunales -que no sea la paralización de los procedimientos y la posposición del juicio- no será suficiente para garantizar a nuestra clienta sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia y un juicio justo ante un jurado imparcial”, puntualizó.

Actualmente, la acusada se encuentra en libertad y sujeta a las condiciones impuestas por el tribunal, luego de que se declarara con lugar un recurso de habeas corpus presentado por su defensa.

El recurso fue concedido al determinarse que había permanecido en prisión preventiva por un período mayor al permitido por la Constitución de Puerto Rico (180 días) sin que se hubiera celebrado el juicio.