La defensa de Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de 5 años en la víspera del Día de Reyes, pidió al Tribunal de Caguas que ordene al Ministerio Público a entregar “toda la evidencia exculpatoria o potencialmente exculpatoria”.

En la moción de dos páginas presentada ayer, jueves, Donald R. Milán Guindín, uno de los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) asignados al caso, solicitó que, de no existir dicha evidencia, “se le ordene al Ministerio Público así certificarlo”.

“Nuestro ordenamiento jurídico le impone al Ministerio Público el deber de entregar, oportunamente, a la defensa evidencia exculpatoria o potencialmente exculpatoria”, indicó Milán Guindín.

Asimismo, el licenciado precisó que la vista preliminar “es un acto judicial de contornos definidos dentro del procedimiento criminal”. Agregó que “su propósito es evitar que se someta al ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores del proceso criminal”.

“El imputado tiene la oportunidad, en esa temprana etapa del proceso criminal, de establecer que la imputación en su contra es injustificada o infundada. Por ello, es imperativo que se le garantice una representación legal adecuada y eficaz”, abundó.

En ese contexto, Milán Guindín explicó que la evidencia exculpatoria es toda aquella que resulta favorable al imputado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo.

“Evidencia exculpatoria no es necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de producir la absolución del acusado. No se requiere tal potencial. Es más bien, toda evidencia que llanamente pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en torno a su materiabilidad o confiabilidad”, precisó.

Paralelamente, la representación legal del imputado presentó otra moción, de dos páginas, que deja la puerta abierta a la posibilidad de que se haga una alegación de incapacidad mental, conforme a lo establecido en la Regla 74 de Procedimiento Criminal.

Milán Guindín solicitó con éxito acceso a documentos relacionados con el historial médico del imputado y del expediente judicial de Elisa M. Rodríguez Díaz, un caso que podría ayudar en el desarrollo de la defensa.

El licenciado dijo que la documentación solicitada es con el fin de “evaluar la presentación de cualquier moción con anterioridad a la celebración de la vista preliminar o para la presentación de alguna defensa conforme a la Regla 74 de Procedimiento Criminal”.

La Regla 74 atiende cuando el imputado y/o acusado hace alegación de no culpabilidad e intenta establecer la defensa de trastorno mental transitorio o de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito que se le está imputando.

Como parte de esta defensa, Milán Guindín se opuso a que el Ministerio Público reciba copia de los documentos antes mencionados. A tales fines, pidió a la corte que reconsidere una orden que permite que el Ministerio Público reciba copia de los mismos.

Milán Guindín indicó que la orden fue emitida sin que se le diera la oportunidad a la defensa a expresarse sobre la petición del Ministerio Público.

“A tales fines, el expediente médico solicitado del CMC (Centro Médico Correccional) y del Hospital Panamericano no son documentos, que, al momento, puedan ser entregados al Estado”, señaló.

La defensa tendrá acceso a los historiales médicos relacionados a una reclusión que tuvo el imputado en el 2024 en el Hospital Panamericano, y al récord de una orden solicitada por la pareja del imputado para reclusión involuntaria, que también data del 2024.

En una vista celebrada el 13 de enero, el licenciado dijo que recibió información de parte de familiares de su cliente sobre unos incidentes que habrían ocurrido luego de que falleciera la madre de Serrano Rosario.

Señaló que el contenido de los documentos lo pudiera llevar a presentar mociones para evaluar si el imputado es no procesable, debido a que padece alguna condición que no le permite cooperar con su defensa, o que es no imputable, que se refiere a cuando alguien no puede ser enjuiciado por su capacidad mental al momento de los hechos.

“Estamos recopilando información para representarlo adecuadamente”, dijo Milán Guindín, al salir del tribunal en aquel momento. “Cuando se nos alerta de que hay unos problemas de salud mental y conocemos lo difícil que es el acceso a los servicios de salud mental para las personas pobres, pues necesitamos esa información”, agregó.

A esos fines, el licenciado sostuvo que parte de la información que busca es si su representado ha sido diagnosticado con alguna condición que “no mejora, sino que empeora con el tiempo”.

Empero, el fiscal Dennis Soto Fantauzzi indicó en esa vista que “no hay relación con eventos tan distantes” como los citados del 2024. Tras la culminación de la audiencia, agregó a la prensa que traer situaciones no vinculados a los hechos “no debe ser permitido”.

El crimen del niño Chris Ezequiel Serrano Rodríguez fue reportado a las 4:44 p.m. del 5 de enero en una residencia del sector El Tamarindo, del barrio Tomás de Castro II en Caguas. La Policía recibió la alerta mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el informe preliminar emitido por la Policía, la madre del menor alegó que salió del hogar para comprar medicamentos para su hijo y lo dejó al cuidado de su padre. Al regresar a la residencia, encontró a su hijo muerto con varias heridas de arma blanca.

Entonces, Serrano Rosario abandonó el lugar en un vehículo Lexus, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia Walgreens en la calle Degetau, tras una presunta persecución, según el reporte policiaco.

Posteriormente, el Día de Reyes, el Departamento de Justicia radicó dos cargos contra el hombre: uno por violación al artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado– y otro por violación al artículo 6.06 (uso de arma blanca) de la Ley de Armas.

La jueza Irmarie Colón Massó encontró causa para arresto en ambos cargos y fijó una fianza de $850,000 por cada delito, para un total de $1.7 millones. Tras no prestar la fianza, el imputado fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón.

Mientras, la vista preliminar quedó pautada para el 29 de enero a las 2:00 p.m. y el 30 de enero a las 9:00 a.m. ante la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo.