La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, emitió una orden denegando una petición presentada por el exagente Mark T. Rossini, coacusado en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez, que buscaba desestimar varios cargos en su contra.

En la opinión y orden, que fue emitida ayer, jueves, y que consta de nueve páginas, Carreño Coll denegó desestimar los cargos, uno, dos y cuatro: conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos, respectivamente.

A esta petición de desestimación, también se unió Herrera Velutini, a lo cual accedió el Tribunal. Sin embargo, la jueza también falló en su contra.

“Puede que Rossini tenga razón al decir que el Gobierno intenta presentar activismo político legítimo como intención corrupta. Pero eso le corresponde decidirlo al jurado, no al Tribunal. Una moción de desestimación no es un medio para cuestionar la suficiencia de la evidencia que respalda los alegatos de la acusación”, determinó Carreño Coll.

La orden de la jueza federal llega en momentos en que avanzan las negociaciones en el caso para evitar ir a juicio en agosto próximo. De hecho, el próximo lunes se celebrará una vista de estatus importante donde las partes informarán cómo van esas conversaciones tras una crucial reunión en la capital federal.

La defensa de Rossini alegó que la Fiscalía federal “no ha demostrado intención corrupta” al amparo del Título 18 del Código de Estados Unidos (U.S.C.).

Esta sección sanciona a quien “corruptamente dé, ofrezca o acuerde dar algo de valor a otra persona, con la intención de influir o recompensar a un agente de una organización o gobierno estatal, local o tribal...” cuando el valor de la transacción excede los $5,000.

El Tribunal Supremo en el caso Snyder v. United States sostuvo que se castiga el soborno, pero no la entrega de regalos después del acto oficial como muestra de agradecimiento. Además, que el soborno requiere un “quid pro quo”, es decir, la intención específica de intercambiar algo de valor por un acto oficial.

A esos fines, el equipo legal de Rossini argumentó que la fiscalía no ha mostrado tal acuerdo corrupto previo al acto oficial, y que, a pesar de extensas investigaciones, no hay evidencia de intención corrupta. Afirmó, además, que las acciones fueron actividad política legítima.

Pero, la jueza citó el caso de United States v. O’Donovan, para sustentar que “no se requiere que exista un acuerdo consumado; basta con que el oferente actúe con intención corrupta al ofrecer el soborno”.

“Además, como la moción se basa en hechos controvertidos, el Tribunal debe denegarla. La intención corrupta es una cuestión de hecho para el jurado”, dijo.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación formal de siete cargos contra Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

En resumen, todos los acusados enfrentan cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrenta cargos que se relacionan con un esquema de soborno distinto, para el cual se ha ordenado un juicio separado.

Presuntamente, Vázquez; Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, consultor profesional; y otras personas no acusadas formalmente, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.