El juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, denegó una petición del presunto contratista vinculado a los suegros de la gobernadora Jenniffer González en la construcción de una residencia en la reserva natural de La Parguera, quien solicitó la devolución de $104,000 incautados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

En la orden emitida el viernes, Arias Marxuach acogió los argumentos de la Fiscalía federal, que se opuso a la devolución del dinero a Daniel García Martín, de 67 años, por razones procesales y tras plantear que las leyes federales permiten que, tras una incautación, se notifique a las partes dentro de 60 días.

En la moción presentada el 18 de noviembre, la Fiscalía federal también repasó los hechos del caso, incluyendo el allanamiento ejecutado por FBI en la residencia de García Martín el 17 de octubre, donde también ocuparon tres armas de fuego y municiones.

El acusado no puede tener una licencia para poseer armas, ni municiones, tras ser una persona convicta que cumplió una condena en prisión por asesinato.

En el documento, la Fiscalía resaltó que el FBI ocupó el dinero, “así que el FBI tiene hasta el 16 de diciembre para enviar una notificación a las partes de intención de confiscar estos objetos”.

“El FBI, como organismo encargado de la incautación, ha confirmado que los $104, 000 ocupados ​​el 17 de octubre de 2025 se encuentran en proceso administrativo de confiscación. Por lo tanto, cualquier reclamante deberá preparar y presentar su reclamación directamente al FBI, y no en el marco de este procedimiento penal”, explicó.

De acuerdo con la transcripción de la vista de detención de García Martín, divulgada por varios medios de comunicación recientemente, la licenciada Jessica Earl, abogada del acusado, sostuvo que los $104,000 son los “ahorros de toda su vida”.

En la misma vista, la fiscal federal Linet Olinghouse solicitó que no se le permitiera salir bajo fianza debido a que representaba peligro para la comunidad por las armas encontradas, así como de riesgo de fuga debido a que era objeto de una investigación.

No obstante, Earl rechazó el argumento de la Fiscalía federal y señaló que el FBI hizo acercamientos (a su cliente) “en más de una ocasión durante el pasado año porque, supuestamente, él es un trabajador de construcción que estaba trabajando en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Así es cómo esto empezó”.

La letrada añadió que en el allanamiento los agentes estaban buscando “documentos relacionados con sus prácticas de construcción: ordenadores portátiles (computadoras), recibos y cosas por el estilo”. “El motivo por el que se dirigen al Sr. García tiene que ver con La Parguera y las obras que se estaban realizando allí”, mencionó Earl.

“Los cargos en la orden de allanamiento están relacionados con la Ley de Agua Limpia y con asuntos de construcción en La Parguera; nada que indique que les preocupara que pudiera ser una persona peligrosa”, añadió la abogada.

Mientras, Arias Marxuach fijó una vista de estatus para el 17 de diciembre, a las 2:00 p.m., en la sala 7 del Tribunal federal, donde se abordará, principalmente, el tema del descubrimiento de prueba en el caso.

El señalamiento surgió luego que la Fiscalía federal informó que preparó un paquete de descubrimiento de prueba, pero que la defensa del acusado evaluaba una orden de protección propuesta por el gobierno a esos fines, por lo que necesitan más tiempo.

“La defensa se encuentra actualmente evaluando la orden de protección propuesta por el gobierno y presentará una respuesta en breve”, resaltó la Fiscalía federal en el documento en el que las partes solicitaron 30 días adicionales para divulgar y revisar el material de descubrimiento antes de discutir posibles negociaciones de alegación.

Por consiguiente, Arias Marxuach indicó en la orden que, “dado que las partes necesitan tiempo adicional para producir y revisar el material de descubrimiento, se suspende el plazo del Speedy Trial Act (Ley de Juicio Rápido)“.

Actualmente, García Martín permanece en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) federal en Guaynabo hasta el inicio del juicio. Esto tras una orden del magistrado federal Marshal Morgan que llamó la atención al revelar que el allanamiento presuntamente ocurrió por una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”.

No obstante, una moción posterior de la Fiscalía federal aseguró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.