Una empleada del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) radicó una demanda contra el Estado, la dependencia y su exsecretaria, Valerie M. Rodríguez Erazo, por presunto discrimen por impedimento y por razón de sexo, así como por represalias, difamación y abuso de autoridad.

El recurso fue presentado el 8 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La demandada- identificada como Hilda Ortega Álamo- sostiene que, tras someterse a una cirugía de tobillo en marzo de 2025, se le negó durante meses un acomodo razonable para trabajar de manera remota, fue removida de su puesto de confianza y posteriormente enfrentó un supuesto patrón de hostigamiento que requirió la intervención del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

La demanda reclama no menos de $900,000 por daños económicos, emocionales y a su reputación, además de penalidades estatutarias y daños punitivos contra Rodríguez Erazo en su carácter personal.

En el recurso judicial, Ortega Álamo sostuvo que, desde mayo de 2003, ocupa un puesto de carrera como administradora de Sistemas de Oficina III y, en marzo de 2025, fue nombrada secretaria auxiliar de Gerencia y Administración del DACO, una posición de confianza.

Según el documento judicial, la empleada se sometió el 31 de marzo de 2025 a una cirugía mayor en el tobillo derecho. Su médico posteriormente recomendó que trabajara desde su hogar debido a limitaciones para caminar y desplazarse.

La demandante sostuvo que comenzó a trabajar de manera remota, mientras enviaba informes semanales sobre sus labores, pero que Rodríguez Erazo presuntamente no respondía las solicitudes para formalizar el acomodo razonable.

Ante la falta de contestación, Ortega Álamo indicó que acudió a La Fortaleza y, según la demanda, el trabajo remoto fue autorizado con carácter retroactivo.

El recurso alega que, el 30 de abril de 2025, Rodríguez Erazo llamó a Ortega Álamo y supuestamente le comunicó que “los puestos de confianza son de confianza”, que ya había identificado a otra persona para ocupar su posición y que sería trasladada a un cargo de ayudante especial con un salario menor.

La demandante aceptó la propuesta, pero esa misma noche supuestamente recibió una comunicación de Recursos Humanos que disponía su separación del servicio de confianza y su reinstalación a su puesto de carrera.

En la demanda, Ortega Álamo indicó que volvió a acudir a La Fortaleza para plantear la situación y que, al día siguiente, fue citada a una reunión en la que, según el documento, Rodríguez Erazo le reclamó que fuera una “bochinchosa” y le cuestionó por qué había recurrido a la sede del Ejecutivo.

Luego de ese encuentro, la entonces secretaria presuntamente habría emitido una carta en la que confirmó que Ortega Álamo permanecería en su puesto de confianza y reconoció que mantenía una autorización para continuar trabajando de forma remota hasta junio de 2025.

En la demanda, Ortega Álamo sostuvo además que, en julio de 2025, presentó una comunicación ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en la que denunció supuestas irregularidades en la administración del DACO, incluida la alegación de que un funcionario supervisaba directamente a su hijo dentro de la División de Pesas y Medidas.

La demanda señala que Ética Gubernamental no acogió el asunto para investigación tras determinar que no tenía jurisdicción sobre el planteamiento.

Tras esa gestión, la empleada alega que Rodríguez Erazo presuntamente intensificó las exigencias para que regresara presencialmente, pese a que continuaba entregando certificaciones médicas que recomendaban el trabajo remoto.

El documento sostiene que la exsecretaria supuestamente planteó que la demandante debía acudir a la agencia “aunque fuese a trabajar en sillón de ruedas”. También habría ordenado a un supervisor que preparara un informe sobre su condición y sus ausencias.

Según la reclamación, ese supervisor supuestamente fue despedido 20 días después de entregar el informe en el que detalló que Ortega Álamo no podía trabajar presencialmente debido a su condición de salud.

De acuerdo con el recurso judicial, el 7 de agosto de 2025, Ortega Álamo entonces acudió a la oficina del secretario de la Gobernación para solicitar que se atendiera su petición de acomodo razonable.

Ese mismo día, Domenech presuntamente emitió una comunicación dirigida a Rodríguez Erazo en la que habría ordenado que se permitiera a la empleada trabajar de manera remota hasta el 8 de octubre de 2025, según expone la demanda.

“Que el segundo funcionario de mayor rango del Ejecutivo tuviera que intervenir personalmente para que una empleada enferma obtuviera lo que le correspondía por ley lo dice todo sobre la conducta de la demandada”, plantea el recurso judicial.

Cuando Ortega Álamo regresó a trabajar presencialmente en septiembre de 2025, presuntamente no se le proveyó una tarjeta de acceso ni una identificación institucional.

La demanda afirma que Rodríguez Erazo tampoco le había respondido durante meses y que, en una reunión, le manifestó que “tú no gozas de mi confianza”.

Como alternativas, le habría propuesto trasladarse en destaque a la oficina del secretario de la Gobernación o continuar trabajando de forma remota hasta que venciera el acuerdo.

Al concluir la autorización de trabajo remoto, Ortega Álamo fue trasladada a la Oficina Regional de Caguas por “necesidad de servicios”, una determinación que, a su juicio, describe como punitiva y una represalia.

De otro lado, la reclamación señala que posteriormente se gestionó un destaque de Ortega Álamo al Departamento de la Vivienda. Aunque la autorización fue dejada sin efecto, la entonces secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, le solicitó que permaneciera trabajando en la agencia mientras se resolvía la situación.

Ortega Álamo laboró allí durante nueve días, pero sostiene que el DACO no certificó ese periodo como trabajado, lo que provocó que tuviera que reembolsar $2,540.43 correspondientes a esos días.

La empleada también acusa a Rodríguez Erazo de comunicarse con la titular de Vivienda y afirmar que no tenía los méritos ni la capacidad para el puesto que ocupaba y que no contaba con autorización para trabajar allí.

Asimismo, la demandante indicó que la exsecretaria habría enviado un correo electrónico en el que sugirió que Ortega Álamo continuaba cobrando fondos públicos sin reportarse ni contar con autorización administrativa.

Ortega Álamo sostiene que el supuesto patrón de hostigamiento agravó su condición física y provocó un deterioro severo de su salud emocional, por lo reclamó una compensación de al menos $900,000.

En una publicación en redes sociales, Rodríguez Erazo rechazó las imputaciones y adelantó que la “evidencia será presentada donde corresponde, ante el tribunal”.

La exfuncionaria planteó que el caso trasciende una controversia personal y abre una discusión sobre el uso de fondos públicos para sostener nombramientos que, a su juicio, no necesariamente responden a las cualificaciones ni a las necesidades del servicio público.

“Nunca discriminé contra persona alguna por razón de su condición de salud ni actué por represalia. Todo lo contrario. Durante mi gestión, se concedieron múltiples acomodos razonables cuando correspondían conforme a la ley. Mi deber era proteger los fondos públicos y asegurar que toda modalidad de trabajo remoto respondiera a funciones definidas, supervisión efectiva y resultados verificables. Exigir rendición de cuentas no es discrimen; es cumplir con la ley”, escribió.

También cuestionó que una determinación administrativa del DACO fuera sustituida por una decisión de la secretaría de la Gobernación “sin evaluar el expediente de personal ni tomar en consideración el criterio de la autoridad nominadora”.

“Ese tipo de intervenciones, cuando responden a consideraciones ajenas a la evaluación administrativa, es precisamente una de las prácticas que Puerto Rico debe comenzar a cuestionar y discutir con seriedad. Ese asunto también formará parte de mi defensa ante el tribunal”, sostuvo.