Josué Hernández Álvarez, exdirector ejecutivo en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), demandó, a nivel federal, a la institución, a la actual presidenta, Zayira Jordán Conde, al expresidente y rector interino del Recinto de Mayagüez (RUM) Miguel Muñoz, y otros funcionarios por presunto discrimen, represalias, despido constructivo y violaciones a derechos civiles.

Hernández Álvarez indicó, en declaraciones escritas, que radicó la demanda en el Tribunal federal en Hato Rey por alegadas violaciones a derechos civiles, discrimen por razones políticas y por orientación sexual, así como represalias y un ambiente laboral hostil. Solicitó, además, un juicio por jurado.

Entre los funcionarios incluidos en la demanda figuran Ricardo Dalmau, presidente de la Junta de Director de la UPR; la asistente administrativa Katherine Meléndez; el director del Departamento de Recursos Humanos, José A. Hernández, Sheyla Méndez; Angélica Varela; la Junta de Gobierno de la UPR y compañías de seguro denominadas en el documento del 1 al 100.

“Esta acción no se trata únicamente de una experiencia individual, sino de la defensa de principios fundamentales como la equidad, el respeto y la dignidad en el servicio público”, explicó Hernández Álvarez en la misiva.

Hernández Álvarez resaltó, en la demanda de 33 páginas radicada por el abogado Juan Vélez Méndez, una serie de presuntos hechos que ocurrieron tras un cambio en la administración universitaria en 2025.

De acuerdo con la demanda, tras el cambio de administración supuestamente se produjo un patrón de exclusión de funciones, limitación de acceso a procesos institucionales y reasignación de responsabilidades, lo que eventualmente desembocó en condiciones laborales que llevaron a su salida de la institución.

Asimismo, señaló “trato desigual y expresiones que crearon un ambiente laboral adverso, además de la falta de respuesta efectiva a planteamientos y reclamaciones internas realizadas oportunamente”.

Hernández Álvarez solicitó compensación por daños y la restitución de los derechos laborales.

“El demandante solicita una medida cautelar prospectiva para prevenir violaciones continuas de la ley federal y remediar los efectos adversos persistentes de la conducta aquí alegada”, indica la demanda.

“Específicamente, el demandante solicita una orden que obligue a la UPR a cesar las prácticas de represalia y discriminación y a tomar las medidas administrativas necesarias para restablecer y documentar sus derechos laborales, incluyendo la emisión oportuna de un certificado de empleo que refleje las funciones, el salario y los puestos desempeñados, y la tramitación oportuna de los asuntos relacionados con la renuncia y los expedientes del personal, en la medida en que dichos asuntos permanezcan pendientes”, añadió.