El exboxeador Félix Verdejo Sánchez volvió a asumir un papel directo en su proceso de apelación al presentar, por cuenta propia, un nuevo escrito ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, en Boston, en el que cuestionó nuevamente la jurisdicción federal sobre su caso y arremetió contra su abogado.

En esta ocasión, el convicto -que fue sentenciado a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal por el atroz asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz- incluso recurrió a parte de la declaración que brindó el testigo estrella de la Fiscalía federal, su cómplice confeso, Luis Cádiz Martínez, para sustentar su planteamiento.

“El testigo del Gobierno declaró que debía recoger a la víctima y matarla tan pronto saliera de su vehículo y entrara a la camioneta. Se trató de una conducta puramente local ocurrida en Puerto Rico”, argumentó Verdejo Sánchez en la moción presentada el 2 de octubre, que consta de 14 páginas, donde hizo fuertes señalamientos contra su defensa.

Bajo el título de “Oposición de emergencia a la moción de los abogados de la defensa para devolver el caso al Tribunal de Distrito y moción cruzada para la verificación obligatoria, de oficio (sua sponte), de la jurisdicción sobre la materia”, el expúgil aprovechó el recurso para llevarle la contraria a su abogado Michael R. Hasse y exponer cuál debe ser el norte de su caso.

De esta forma, se opuso a que el expediente judicial de su caso sea devuelto al Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico para atender problemas con la transcripción del juicio, como solicitó hace semanas su abogado. En cambio, Verdejo Sánchez pidió al Primer Circuito que examine primero si las autoridades federales tenían jurisdicción sobre su caso.

La inusual movida resulta particularmente llamativa porque no es la primera vez que Verdejo Sánchez intenta intervenir directamente en su apelación. En enero de 2025 presentó, sin éxito, varias mociones pro se -es decir, por derecho propio- solicitando, entre otras cosas, la desestimación de la acusación en su contra por alegada falta de jurisdicción federal.

Ahora, en su nuevo escrito, Verdejo Sánchez insistió en que su abogado ha sido inefectivo y que se ha negado a presentar ante el tribunal su planteamiento. Aludió a que el enfoque en su caso debe ser impugnar la jurisdicción de las autoridades federales y no devolver el caso al Tribunal federal en Puerto Rico para corregir la transcripción relacionada con el juicio en su contra.

“El apelante insiste en que dicha solicitud es innecesaria y perjudicial en esta etapa. Debido a que el Tribunal está verificando la alegada falta estructural y sustancial de jurisdicción sobre la materia, todo lo demás resulta innecesario”, indicó en el documento que, aunque está escrito a computadora, contiene la firma del convicto, a puño y letra, en color azul.

Asimismo, alegó que “un tribunal no puede devolver un caso para corregir el expediente cuando carece de jurisdicción. La jurisdicción es un requisito previo”. Señaló que la corte tiene una obligación independiente de determinar si existe jurisdicción sobre su caso. Por tanto, reclamó al Primer Circuito examinar por iniciativa propia si existe jurisdicción sobre la materia.

“El apelante ha cumplido diligentemente las instrucciones de este Tribunal de presentar sus escritos a través de un abogado. Sin embargo, los abogados de la defensa han sido completamente ineficaces durante más de un año, al negarse a plantear la reclamación estructural relacionada con la falta de jurisdicción sobre la materia. Esto no es simplemente un fracaso estratégico; es abandono”, indicó Verdejo Sánchez en su recurso legal.

La teoría jurídica de Verdejo Sánchez es la misma que planteó en 2025: sostuvo que los hechos por los que fue procesado ocurrieron exclusivamente en Puerto Rico y que, por tratarse de un escenario local, las leyes federales utilizadas para acusarlo no serían aplicables. En su escrito afirma que se trató de “una conducta puramente local en Puerto Rico”.

Recordó que el jurado lo declaró no culpable, en julio de 2023, de los cargos de carjacking y armas de fuego, mientras que fue declarado culpable de los cargos relacionados con el secuestro que resultó en la muerte de Rodríguez Ortiz y de su bebé por nacer.

Por estos cargos, fue sentenciado, en noviembre de ese año, por el juez de distrito federal Pedro Delgado a cumplir dos cadenas perpetuas por el asesinato de Rodríguez Ortiz, de 27 años, y su bebé por nacer, en hechos ocurridos el 29 de abril de 2021, en San Juan,

La controversia ocurre mientras la apelación atraviesa, además, otro frente: la defensa solicitó devolver el caso al Tribunal federal en Puerto Rico para atender alegadas deficiencias en la transcripción del juicio.

En agosto, la defensa señaló que el récord estaba incompleto porque durante el juicio hubo múltiples intercambios en español que no fueron transcritos y que en su lugar aparecieron anotaciones como “idioma distinto al inglés”. La moción identificó decenas de instancias que podrían requerir reconstrucción mediante grabaciones u otros mecanismos.

Precisamente, Verdejo Sánchez se opuso ahora a que ese asunto sea atendido antes de su planteamiento jurisdiccional. “La jurisdicción es el umbral”, planteó en su escrito, al argumentar que no tiene sentido corregir el récord si el tribunal federal careciera de autoridad para conocer el caso.

Como parte de los remedios que solicita, Verdejo Sánchez pidió al Primer Circuito que verifique la jurisdicción federal, que ordene al Gobierno responder a su planteamiento y que permita la presentación de su moción pro se. Como alternativa, pide que el tribunal ordene a sus abogados adoptar y litigar al respecto.

Y va más allá: solicita que, si se determina que el Tribunal de Distrito carecía de jurisdicción, se devuelva el caso a los tribunales estatales.