La Fiscalía federal tiene un plazo de 15 días para identificar las pruebas específicas en las que se basan los cargos contra el exponente urbano Ángel Javier Avilés Monzón, conocido como “Chimi/Yovngchimi”.

Así lo determinó la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, que emitió el jueves una orden en la que atendió varias situaciones pendientes.

Avilés Monzón enfrenta tres cargos: dos por posesión de armas de fuego que presuntamente estaban alteradas con el propósito de convertirlas en ametralladoras; y uno por conspirar para traficar armas de fuego.

“El Gobierno deberá identificar en 15 días las pruebas específicas en las que se basan los delitos imputados, ya sean objetos físicos incautados, datos extraídos de dispositivos digitales o testimonios”, dictó la jueza.

El 1 de agosto de 2025, Antongiorgi Jordán ordenó a la Fiscalía que presentara una moción informativa para indicar el número de armas de fuego que, según se alega, el acusado poseía o conspiró para traficar.

En cumplimiento de dicha orden, la Fiscalía sometió una moción en la que proporcionó, entre otras cosas, un rango de armas de fuego, alegando que el acusado conspiró para traficar entre 25 y 99 armas de fuego.

Insatisfecha con dicha revelación, la representación legal de Avilés Monzón solicitó al Tribunal que obligara a la Fiscalía a proporcionar el número específico de armas de fuego involucradas en la supuesta conspiración.

Además, el equipo legal del reguetonero solicitó que se obligara a la fiscalía a presentar traducciones certificadas al español de todas las pruebas que se pretenden utilizar en el juicio, que aún no tiene fecha.

Aunque la Fiscalía se opuso, Antongiorgi Jordán dio paso a la petición del acusado y otorgó al Ministerio Público un plazo de 15 días para que presente todas las traducciones certificadas.

“En la medida en que el acusado solicita traducciones certificadas al español de todas las pruebas que el Gobierno tiene intención de utilizar en el juicio, se acepta dicha solicitud”, dice la orden de la jueza.

No obstante, Antongiorgi Jordán rechazó la solicitud presentada por la defensa con el objetivo de que la Fiscalía brindara el número exacto de las armas de fuego que presuntamente conspiró para traficar.

“El delito de conspiración para traficar con armas de fuego no requiere que el Gobierno demuestre el número de armas de fuego en cuestión”, indicó la togada, al citar la Sección 933, inciso (a)(3), del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

La sección tipifica como delito cualquier “intento” o “conspiración” para “enviar, transportar, transferir, hacer transportar o disponer de armas de fuego en el comercio interestatal o exterior”.

“El delito de posesión de una ametralladora tampoco exige que el Gobierno demuestre más que el hecho de que el acusado poseía al menos un arma de fuego”, mencionó Antongiorgi Jordán en la orden.

Añadió que, aunque la cifra de armas de fuego en cuestión afecta la determinación de la pena, las guías de sentencia se centran en la variedad de armas de fuego implicadas y no en el número específico.

El 10 de julio, el pliego acusatorio contra el exponente urbano fue enmendado por segunda vez desde su radicación el 12 de diciembre de 2024, lo que llevó a su arresto en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Yovngchimi originalmente enfrentaba dos acusaciones por posesión ilegal de un arma de fuego.

Sin embargo, el segundo cargo fue enmendado para especificar que el arma que el acusado presuntamente tuvo en sus manos en o cercano al 25 de agosto del 2024 tenía una modificación ilegal para convertirla en una ametralladora.

Mientras, el tercer cargo es por conspirar para traficar armas de fuego por hechos que habrían ocurrido desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024.

Actualmente, el acusado permanece en el Centro Metropolitano de Detención federal (MDC) en Guaynabo tras varias denegatorias de libertad bajo fianza.