Ocho personas fueron acusadas por un gran jurado federal por cargos de conspiración para poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas, mientras que cinco de ellas también enfrentan cargos por secuestro, informó la Oficina de Prensa de la Fiscalía federal en San Juan.

Los acusados fueron identificados como Bryan Martínez Albizu, Santiago Nieves Hernández, Yoel Gómez Gómez, dos personas identificadas únicamente por sus aliases: “Richard” y “Rochi” y otros tres coacusados que no han sido identificados por nombre y apellidos.

El pliego acusatorio señala que los acusados conspiraron para poseer, con la intención de distribuir, más de 500 gramos de cocaína en los Estados Unidos. Los hechos, según el pliego, ocurrieron entre el 20 y 24 de mayo de 2025.

Además, el pliego indicó que, alrededor del 21 de mayo de 2025, los acusados no identificados, en compañía de “Richard” y “Rochi”, presuntamente secuestraron a sus propios cómplices, Gómez Gómez y Nieves Hernández, ambos de nacionalidad dominicana, con el propósito de solicitar dinero a cambio de su libertad.

Durante el supuesto secuestro, los acusados utilizaron un vehículo Toyota RAV4, una camioneta Nissan y varios teléfonos celulares, lo que constituye ofensas por la utilización de medios, instalaciones e instrumentos de comercio interestatal e internacional.

“Estos acusados serán llevados ante la justicia gracias al arduo trabajo de los agentes del orden público federales y estatales y de nuestros fiscales”, declaró el jefe de la Fiscal federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.

“Este caso demuestra la brutal violencia que prospera en las redes criminales y hasta dónde son capaces de llegar para dañar, incluso, a los suyos. Lo que comenzó como un negocio de drogas fallido se convirtió en un secuestro atroz. Las acciones de los narcotraficantes involucrados en el secuestro y la brutal tortura de las víctimas secuestradas no tienen cabida en una sociedad civilizada y serán procesadas con todo el peso de la ley”, dijo, por su parte, Devin J. Kowalski, director de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Los acusados enfrentan una sentencia mínima de cinco años de prisión, y un máxima de cuarenta años, por el cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas. Los cargos por secuestro conllevan una pena de cadena perpetua.

El supuesto secuestro ocurrió en la comunidad Playita en Barrio Obrero. Los secuestradores, según el pliego, exigieron a los familiares de Gómez Gómez y Nieves Hernández en la República Dominicana el pago de $43,000 a cambio de la libertad de ambos al indicar que les habían robado cinco kilos de cocaína.

De acuerdo con el pliego, a uno de los secuestrados le cortaron parte de una oreja, y un dedo a la otra víctima, como método de coerción para obligar a la familia a pagar el rescate. Además, las autoridades señalaron que las víctimas también fueron torturadas.