Jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston presentaron múltiples cuestionamientos sobre la justificación para autorizar la ausencia de la testigo estrella en el juicio contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier y su esposo Orlando Montes.

Durante una vista argumentativa hoy, en el tribunal federal del Viejo San Juan, los tres jueces del Apelativo plantearon interrogantes sobre la determinación para que la exempleada de Charbonier, Frances Acevedo, no tuviera que testificar sobre los cargos contra su exjefa por soborno, pago de comisiones ilegales y robo de fondos federales.

Acevedo se declaró culpable en noviembre de 2023 tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Sin embargo, dos meses después no declaró como testigo y su admisión fue usada en el juicio contra Charbonier bajo una excepción autorizada por el Tribunal de Distrito de San Juan.

En la vista de hoy, el fiscal federal Brendan B. Gants señaló que se autorizó su ausencia debido a que su abogado aseguró que “no se encontraba disponible debido a su fragilidad mental y a que, en ese mismo momento, estaba recibiendo tratamiento psicológico”.

“Nosotros decimos que las personas que tienen problemas de salud mental son competentes para testificar en todo momento. Y nuestra jurisprudencia lo respalda”, indicó la jueza del apelativo Ojetta Rogeriee Thompson.

Por su parte, el juez presidente del Primer Circuito, David J. Barron, parecía estar inconforme.

“Si estuviera en Marte, quizás estuviera apta para declarar, pero no estaría disponible. Pero, estando ahí mismo, lo importante es: ¿tiene la capacidad para testificar?”, planteó Barron.

“Podría darse el caso de que exista alguna limitación que no llegue a constituir una incapacidad propiamente dicha. Pero, en este caso, ¿se trata simplemente de la afirmación de un abogado que sostiene que ella está (en una condición) frágil?“, cuestionó.

Gants dijo que el requerimiento de no disponibilidad se refiere a razones médicas para “no sostener el rigor de declarar en un juicio”, por lo que el abogado de Acevedo les aseguró que ella no testificaría aún si fuera citada con un “subpoena”.

“Esa no es una declaración que... es un hallazgo de inhabilidad por razones médicas... que no lo quería hacer por razones psicológicas”, apuntó Barron.

Después de que el fiscal insistiera en que Acevedo no iba a poder, el juez apelativo Seth R. Aframe preguntó qué evidencia presentó el abogado para comprobar la situación, “porque cualquiera puede decir eso”.

Aunque reconoció que un doctor no certificó su condición, Gants dijo que el Tribunal de Distrito realizó sus propias observaciones “sobre la condición mental de Acevedo”. Agregó que “ella lloraba sin control”.

No obstante, el juez Aframe recordó que “yo he hecho muchos (casos con) alegaciones de culpabilidad y he visto a mucha gente llorar porque es bien triste, pero no necesariamente significa que mentalmente no puedan testificar en otro proceso en otro día”.

Aframe fue más lejos al indicar que Acevedo “es una acusada de cuello blanco que... yo no sé nada de ella, pero mi experiencia me dice que ha tenido una buena vida que está involucrada en este esquema de corrupción muy malo, y ahora se está declarando culpable en un tribunal de distrito, mirando a tiempo en cárcel. La gente va a reaccionar a esa experiencia, incluyendo llorar mucho. Lo que no entiendo es cómo eso conecta con que algunas semanas o meses después no pueda declarar sobre los hechos”.

En tanto, el fiscal mantuvo que la ausencia de Acevedo no tuvo impacto alguno debido a que la evidencia que iba a desfilar con ella se podía presentar por otras vías, incluyendo grabaciones y declaraciones otros exempleados de Charbonier, como Sheila Mangual y el cooperador del gobierno federal Johnathan Alemán, quienes llegaron a dirigir la oficina legislativa.

En cambio, los abogados de la defensa han planteado en la apelación que no haberle podido contrainterrogar fue perjudicial para los convictos, por lo que es una de las razones por las que alegan dejar sin efecto el veredicto.

Mientras, los jueces también hicieron múltiples preguntas sobre una discrepancia que alegaron los abogados entre el pliego acusatorio y una instrucción que recibió el jurado.

Los cargos alegaron violaciones a un estatuto federal por, supuestamente, haberse robado $5,000 en dinero del fisco en el mismo año en que el gobierno de Puerto Rico recibió $10,000 o más en fondos federales.

Según la acusación, esa violación federal ocurrió cuando Charbonier aumentó el salario de Acevedo entre el 2017 y 2020 a cambio de que esta le pasara parte de ese dinero en comisiones ilegales.

Sin embargo, los abogados argumentaron que, al mezclar los cuatro años, 2017 al 2020, desconocen por cuál año específico acusaron a Charbonier.

De igual forma, denunciaron que una instrucción al final del juicio habría alterado la acusación original, porque, supuestamente, permitió al jurado que encontrara culpable a Charbonier por cualquiera de los cuatro años que duró el alegado esquema y no por uno en particular.

“Pudo haber sido encontrada culpable por uno de los años en que los elementos no se alcanzaron”, explicó Pimentel.

Ante la pregunta sobre si la instrucción al jurado enmendó la acusación y aumentó su alcance, Gants sostuvo que, por el contrario, lo “redujo” al “enfocarlo” en un solo año, aunque no precisó cuál.

De su parte, el abogado de Montes, Johnny Rivera González, enfatizó en el argumento de que su cliente es “inocente” y se perjudicó después de que le negaran que su juicio fuera separado debido a que la mayoría de la evidencia era contra Charbonier.

Sin embargo, Aframe no pareció muy convencido al recordarle que la acusación lo incluía como parte de una alegada conspiración.

Actualmente, Charbonier Laureano cumple su condena en el Campamento de Federal de Prisiones en Bryan, en Texas. Su fecha de salida está pautada para mayo de 2030.

Mientras, según el Negociado Federal de Prisiones, Montes Rivera, quien saldría en agosto de 2027, se encuentra en la Institución Correccional Beaumont, también en Texas.