La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) presentó este martes cerca de una veintena de testigos en el caso contra Dorally Rivera Martínez, ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, y el contratista y exempleado legislativo José Miguel “Joe” Huertas Torres, imputados por la presunta malversación millonaria de fondos públicos para la canalización de una quebrada en Guaynabo.

No obstante, la vista preliminar contra ambos imputados fue reseñalada por la jueza Ethel Ruiz Fernández, del Tribunal de Bayamón, debido a que Huertas Torres carecía de representación legal.

“Con la prueba que teníamos en sala, estábamos listos. El señor Huertas ni la corporación 3T Industrial & General Contractor tenían abogado. Ellos comparecieron con abogado para la primera etapa de Regla 6 (vista de causa para arresto), pero, en esta etapa, compareció sin abogado”, compartió la fiscal especial Zulma Fúster Troche, al salir de sala en el Centro Judicial de Bayamón.

El 4 de noviembre, la jueza Irmarie Cintrón Alvarado determinó causa para arresto contra Rivera Martínez y Huertas Torres por la presunta malversación de hasta $7 millones en fondos públicos, incluyendo $1.2 millones asignados como parte del Fondo de Mejoras Municipales (“barrilito”), asignados por el entonces representante novoprogresista Antonio “Tony” Soto para la canalización de la quebrada Margarita, en Guaynabo.

Dichos trabajos, sin embargo, nunca fueron realizados, como reveló una investigación de este medio en 2022. Según la pesquisa de la Opfei, Huertas Torres, a través de transferencias hechas a su empresa 3T Industrial & General Contractor, se apropió del dinero asignado al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que tampoco estaba autorizado en ley para realizar este tipo de obras.

Por su parte, los abogados de Rivera Martínez solicitaron en sala que los casos se lleven por separado, y la Opfei tiene cinco días -a partir de este martes- para responder.

“Esto es un caso donde las denuncias son en otro momento y no imputan que se cometieron ‘en común y concierto acuerdo’, por lo que los actos que haya cometido Huertas Torres son distintos a la denuncia que se le presentó contra mi representada”, manifestó la licenciada Cándida Sellés Ríos, en un aparte con El Nuevo Día.

La jueza Ruiz Fernández señaló una vista de estatus para el 15 de diciembre, y la vista preliminar comenzaría el 27 de enero, a las 10:00 a.m. La magistrada advirtió a Huertas Torres que debe asistir con abogado ese día.

La Opfei presentó alrededor de una veintena de testigos para que juramentaran, incluidos representantes municipales y el exsecretario del Departamento de Agricultura Ramón González Beiró. Según las denuncias, contra Huertas Torres, hay 24 testigos, y contra Rivera Martínez, ocho.

El exrepresentante Soto, uno de los testigos principales del caso, no compareció a la vista por encontrarse “de viaje”, ni la representante popular Sol Higgins Cuadrado, quien se excusó debido a estar en el último día de la sesión legislativa.

“El representante (Soto) tenía un viaje del cual nos mostró evidencia y tenía calendarizado hace mucho tiempo. Eso es una excusa válida para nosotros. No obstante, él estaba disponible para continuar porque es un viaje corto y estaba disponible para la semana que viene si continuaba el caso. Con los testigos que estaban en sala, podíamos comenzar”, dijo Fúster Troche.

Argumentó que sometieron ambos casos juntos porque “las conductas negligentes de ella (Rivera Martínez) son las que dan espacio a la comisión de delito por parte de Huertas, porque la falta de supervisión y solicitud de ver en qué se estaban utilizando esos fondos fue terreno fértil para que el señor Huertas pudiera utilizar este dinero”. “Los hechos están entrelazados”, defendió la fiscal.

La defensa de la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras sometió también una moción de desestimación porque argumentan que el Panel del FEI “estaba fuera de término cuando presentó las denuncias”.

“Estuvieron 1,103 días para investigar, cuando la ley del FEI lo que provee son 180 días. El Tribunal Supremo ha dicho que los 30 días son posteriores, cuando se termina la investigación es que se puede prorratear para 30 días adicionales. Hicimos un extenso listado de prueba exculpatoria que sabemos que lo tienen los fiscales y que no se nos proveyó ni en Regla 6”, planteó Sellés Ríos.

En esa misma línea, dijo estar sorprendida porque la Opfei radicó los cargos en el Tribunal de Bayamón. “Nos sorprendió muchísimo, porque los casos que son relacionados con fondos públicos se radican en San Juan”, comentó.

“Estamos preparados para empezar en cualquier momento a ver este caso. Entendemos que se tiene que desestimar porque le violentaron los derechos y el debido proceso de ley a ella. Mi clienta no tiene absolutamente nada que ver con las conductas delictivas que le están imputando a este otro señor”, agregó la representante legal de la exfuncionaria.