

5 de junio de 2026 - 4:11 PM


Aibonito - La licenciada Mayra López Mulero aseguró este viernes que la controversia surgida durante el juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en torno a la ropa entregada a la Policía es “totalmente irrelevante” para los cargos que enfrenta su clienta.
Las expresiones surgieron al concluir el noveno día del juicio contra Cabrera Rivera que se ventila en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, en el que las partes acordaron estipular los testimonios de 16 testigos para agilizar el desfile de prueba.
Al ser abordada por los medios de comunicación, López Mulero rechazó las discrepancias señaladas esta semana sobre la ropa, o que tenga algún peso en la determinación que alcance el jurado.
Tanto Cabrera Rivera como su hija y coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera, enfrentan dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.
“Todo lo relacionado a la ropa es totalmente irrelevante. Este caso es sobre asesinato en primer grado y Ley de Armas. Aquí no hay ningún cargo de que se haya alterado prueba o se haya destruido”, afirmó la abogada.
La controversia surgió luego de que, durante el séptimo y octavo día de juicio, trascendió que las prendas entregadas a la Policía por las acusadas no coincidían con las que supuestamente utilizaron el día de los hechos, según videos de seguridad revisados por los investigadores.
El agente de la Policía Gerardo Berríos Padilla, octavo testigo y encargado de diligenciar la orden de allanamiento en la residencia de Cabrera Rivera, declaró que las piezas de ropa entregadas por Avilés Cabrera no eran las mismas que se apreciaron en vídeos de cámaras de seguridad la noche de los hechos.
Según testificó, durante el allanamiento ejecutado el 12 de agosto de 2025, escuchó a Cabrera Rivera decirle a su hija “busca la ropa”, y esta entro a su cuarto y regresó con una falda y una camiseta negra dobladas, además de unas sandalias.
También, notó que en la parte posterior de la casa, ubicada en el sector El Coquí, había un “laundry”, y que la lavadora y secadora estaban encendidas.
La distinción de que no era la misma vestimenta la notó un mes después, en septiembre, cuando cotejó los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento La Placita Martínez, donde trabajaban ambas.
Posteriormente, Berríos Padilla declaró que las prendas atribuidas a Cabrera Rivera tampoco correspondían a las que observó en grabaciones obtenidas durante la pesquisa.
No obstante, López Mulero insistió en que ese asunto no forma parte de los elementos que el Ministerio Público debe probar para sostener los cargos presentados contra su clienta.
La abogada, también, cuestionó la credibilidad de Berríos Padilla y criticó el manejo de la investigación.
“Tomando en consideración el historial de un individuo que fue procesado por su carácter mendaz, me refiero al agente Berríos, pues ustedes tienen que tomar con pinzas todo lo que ese señor haya podido decir”, expresó.
Según el equipo legal de Cabrera Rivera, compuesto, además, por los licenciados Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández, la Policía no ocupó evidencia que, presuntamente, era importante para esclarecer los hechos.
Los abogados se refirieron a las cámaras de seguridad de una residencia identificada como la “114”, cercana al desvío Roberto Colón (lugar de los hechos) y cuyos lentes, supuestamente, tenían visión directa hacia la escena del crimen.
Berríos Padilla declaró declaró que las cámaras estaban fuera de servicio.
“El DVR (la grabación) de la (residencia) 114 pudo, y debió, haber sido ocupado y llevado a la Policía y hubiéramos sabido quienes son los verdaderos responsables de ese vil asesinato, pero como no sé hizo el trabajo conforme al rigor que esto exige, pues ahí tienen el resultado”, sostuvo López Mulero.
El juez Luis S. Barreto Altieri citó al jurado, compuesto por ocho mujeres, cuatro hombres y cinco suplentes, para el miércoles 10 de junio, cuando continuará el juicio desde las 9:30 a.m.
Al momento, el Ministerio Público, liderado por las fiscales Silda Rubio Barreto, Myriam Nieves Vera y Jackeline Pizarro Gutiérrez, ha presentado ocho testigos.
De forma paralela, la hija de la acusada se prepara para el inicio del juicio en su contra este próximo 23 de junio, luego de que su defensa intentara, durante meses, paralizar el proceso penal que se tramita por separado.
Las partes se reunieron el 1 de junio para retomar varios puntos tras una moción sometida el viernes pasado en la que solicitaron a la Fiscalía documentación relacionada con la evidencia pendiente.
Hasta ese día, había 14 vídeos de cámaras corporales de agentes de la Policía y dos copias de querellas administrativas de los agentes Berríos Padilla, octavo testigo de la Fiscalía en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, y del agente Ángel Torres Romero.
De esos 14 vídeos, 11 ya fueron entregados a la defensa de la acusada, compuesta por las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revellés Ponce, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).
Entre otros documentos solicitados se encuentra un expediente del Departamento de la Familia perteneciente a un menor identificado como “S.G.R.”.
Empero, este viernes, la defensa de Anthonieska recurrió al Tribunal Supremo para que se revoque la decisión del foro apelativo, que confirmó la procesabilidad de la acusada.
Los hechos se registraron entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, durante las actividades del “Cierre de Verano Municipal”, cuando dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca en medio de una discusión que todavía no ha sido esclarecida.
Pratts Rosario, presuntamente, intervino en una pelea para defender a su hermana. Cabrera Rivera, alegadamente, sacó un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija, según la declaración de Caratini Ortiz.
La testigo también indicó que Anthonieska le propinó a Pratts Rosario “como si fueran puños” de abajo hacia arriba.
La menor fue llevada al hospital Menonita de Aibonito, donde la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m. de ese lunes.
Pratts Rosario falleció tras recibir 11 puñaladas con un objeto punzante; una de ellas le atravesó el corazón, según testificó anteriormente el patólogo Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Gabriela Nicole cumpliría 17 años el día posterior al crimen, el 12 de agosto de 2025, y se habría graduado de la Escuela Superior Bonifacio Sánchez este pasado 27 de mayo.
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