Luis Meléndez Pagán y Suhely Rivera Guzmán, padre y madrastra de una adolescente de 17 años que denunció un patrón atroz de maltrato y cautiverio en Toa Baja, fueron sentenciados a participar en un programa de desvío por un período no menor de un año.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT), al detallar la sentencia impuesta por el juez Elmer Rodríguez Díaz, del Centro Judicial de Bayamón, durante una vista celebrada en la mañana de este martes.

El programa de desvío, facultado por la Ley 57-2023 para la Prevención del Maltrato de Menores, es una alternativa judicial que permite a los acusados no pisar la cárcel. En su lugar, se le imponen una serie de requisitos y si los cumplen el caso es archivado.

La vista de sentencia ocurrió a poco más de un mes de que Meléndez Pagán, Rivera Guzmán y las tres hermanastras de la menor Sheilyann Carmona Rivera, Richeily Carmona Rivera y Roselyn Carmona Rivera se declararan culpables ante el Tribunal de Bayamón.

El cambio de alegación de culpabilidad ocurrió el 1 de abril, tras un acuerdo entre la familia y el Ministerio Público. Como resultado, los cargos originales por el delito de restricción a la libertad fueron archivados y se mantuvieron solo los de maltrato de menores.

La formulación de cargos en este caso ocurrió el 30 de enero, cuando los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Carmona presentaron 15 cargos. En la vista de Regla 6 se presentaron dos declaraciones juradas y se llamó a declarar a la agente investigadora, Bernice Acevedo.

El caso salió a la luz el 28 de enero, cuando la menor llegó a una farmacia frente a la urbanización Las Colinas, en Toa Baja, donde pidió ayuda. Allí, una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que provocó que una patrullara llegara hasta el lugar.

“Al presentarse la patrulla, esta manifiesta que estaba siendo víctima de maltrato; se inicia el protocolo, es llevada a recibir atención médica”, dijo a este medio el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Como parte de la investigación, la Policía obtuvo una orden de registro y allanamiento para poder ingresar a la residencia donde habrían ocurrido los hechos. Luego, la evidencia ocupada fue llevada al Instituto de Ciencias Forenses para el análisis correspondiente.

Según el testimonio de la menor, presuntamente era mantenida encerrada en una habitación, donde se le obligaba a hacer sus necesidades en recipientes. Además, alegó que solo podía bañarse una vez por semana y que su alimentación era limitada.