Eddie Mojica Pérez, el hombre que admitió haber agredido a una adulta mayor de 87 años que estaba bajo su cuidado en el hogar de adultos mayores Institución Casa Dorada, en Las Piedras, fue encontrado no procesable por un psicólogo del estado, confirmó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

Este jueves se celebró la vista de procesabilidad de Mojica Pérez bajo la Regla 240 en la sala 204 del Tribunal de Humacao, presidida por la jueza Yaritza Carrasquillo Aponte. Este enfrenta cargos por tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada.

Posteriormente, se celebró una conferencia de estatus en la sala 202 de mismo centro judicial, presidida por la jueza Ana M. Meléndez Renaud. La OAT indicó que se pautó otra vista de procesabilidad bajo la Regla 240 para el próximo 17 de septiembre.

Durante la vista, el doctor Carlos Rivera, como psicólogo del Ministerio Público, dijo que su determinación surge de una evaluación inicial realizada al imputado, en la que se le hicieron preguntas para indagar sobre su estado emocional.

Sin embargo, el perito habría admitido que aún no cuenta con el expediente médico de Mojica Pérez por lo que habrá una segunda evaluación en septiembre, según Telenoticias (Telemundo).

El cuidador está imputado por cargos de tentativa de asesinato, negligencia y agresión grave, con una fianza de $250,000 por cada cargo para una fianza total de $750,000.

Luego de su arresto, el teniente Josué Vázquez, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, confirmó a El Nuevo Día que el imputado había sido trasladado a una institución psiquiátrica luego de que su familia solicitara una orden al amparo de la Ley 408 de Salud Mental, un mecanismo legal que permite la detención temporera de una persona si representa un riesgo para sí misma o para los demás.

Al momento de su detención, el hombre habría manifestado a la Policía que había llevado a la mujer debajo de la estructura de la residencia como parte de un supuesto “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”.

El Departamento de la Familia canceló de inmediato la licencia del hogar Casa Dorada y ordenó el traslado de los únicos dos residentes que permanecían de forma privada en la institución, la cual ya enfrentaba una pesquisa administrativa previa por alegada negligencia.