La jueza federal Aida Delgado sentenció este jueves a ocho años de prisión al hombre que se declaró culpable de orquestar un esquema fraudulento para obtener fondos de ayuda por el COVID-19.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía federal informó que, como parte de la sentencia, la jueza ordenó una confiscación de $488,674.28 y un pago de restitución total de $2,185,519.85 contra Manfred A. Pentzke Lemus, de 40 años de edad también conocido como “Man”, “Contable” y “El Gestor”.

En septiembre pasado, Pentzke Lemus aceptó responsabilidad por el primer cargo de la acusación en su contra por cometer fraude electrónico y por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Según documentos judiciales, Pentzke Lemus, de Guaynabo, organizó y dirigió un plan para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) y a Oriental Bank, utilizando el Programa de Protección de Nóminas (PPP) y el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).

“Pentzke, sus cómplices y las personas que reclutaron presentaron cientos de solicitudes fraudulentas de PPP y EIDL utilizando datos financieros falsos y documentos falsificados, incluyendo formularios de impuestos falsificados”, indicó el comunicado de la Fiscalía.

“Pentzke coordinó la preparación de estas solicitudes, a menudo insertando cifras ficticias de nóminas e ingresos, y supervisó su aprobación y desembolso. Como resultado del plan, se procesaron 223 préstamos PPP fraudulentos, lo que resultó en el desembolso de $5,915,290.33. La SBA también desembolsó $3,105,300 en fondos EIDL como resultado del plan”, agregó.

Asimismo, explicó que las personas que reclutaba pagaron sobornos a Pentzke y a los organizadores del plan.

Señaló que “Pentzke, o las empresas que él controlaba, recibieron 100 de esos sobornos, por un total de $486,277.70, que se disfrazaron como transacciones comerciales legítimas para ocultar su verdadero propósito y facilitar la condonación de préstamos”.

También sostuvo que la conspiración operó mediante múltiples procesos de reclutamiento, falsificación de documentación y pagos de sobornos estructurados, lo que resultó en el desembolso fraudulento de millones de dólares en fondos federales de ayuda.

“La sentencia de hoy refleja la gravedad de explotar los programas de ayuda de emergencia para beneficio propio”, declaró Stephen Muldrow, jefe de la Fiscal federal en Puerto Rico

“Estos fondos estaban destinados a apoyar a empresas y trabajadores durante una crisis nacional, una emergencia sin precedentes, no a enriquecer a personas mediante fraude; y quienes cometan fraude rendirán cuentas”, agregó.

Mientras, dos coacusados del caso han sido sentenciados y otros tres están pendientes de conocer sus condenas.