Acusaciones por narcotráfico contra 10 ciudadanos venezolanos y dos dominicanos; declaraciones de culpabilidad por distribución de sustancias controladas en varios residenciales públicos de Puerto Rico, incautación de drogas y sentencias relacionadas al trasiego de estas sustancias, fue el saldo de una ocupada primera semana de mayo para el Grupo de Trabajo (task force) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF).

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, indicó, en declaraciones escritas, que los casos surgieron durante la semana del 4 al 10 de mayo.

El 6 de mayo se presentó una acusación de cinco cargos contra los ciudadanos venezolanos Charlie G. Marval Henríquez, Johan Alexander Rodríguez Núñez y José Abraham Rodríguez Núñez, por conspiración e intento de importación de cocaína.

Marval Henríquez también enfrenta un cargo por reingreso ilegal luego de ser deportado mientras que los hermanos Rodríguez Núñez enfrentan un cargo cada uno por entrada ilegal al país.

Los agentes federales lograron incautar aproximadamente 643.3 kilogramos de cocaína que los acusados transportaban en una embarcación.

Por otro lado, el 7 de mayo un gran jurado federal emitió una acusación de 27 cargos contra siete venezolanos y dos ciudadanos dominicanos por conspirar para transportar cocaína desde Venezuela, así como de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Durante el operativo para intervenir a los acusados se lograron incautar unos 709.1 kilos de cocaína en la embarcación en la que navegaban y que posteriormente se estrelló contra los arrecifes en Vieques tras una persecución.

Por otro lado, varios acusados se declararon culpables por distribución de sustancias controladas y narcotráfico en residenciales públicos de Fajardo, Cayey y San Juan.

Los hermanos Frank y Raúl Quiñones Boria se declararon culpables de narcotráfico el pasado 5 de mayo imputado por posesión intencional con intención de distribuir y distribuir heroína, crack, cocaína y marihuana en el proyecto de vivienda pública Pedro Rosario Nieves de Fajardo. El acusado fue arrestado el 27 de julio de 2022 y el tribunal fijó la fecha de su sentencia para el próximo 8 de agosto.

Asimismo, el 8 de mayo, Julio Torres Roche, Zael Lao-Ortiz y Jonathan Ortiz Martínez se declararon culpables de conspiración para distribuir entre 300 y 400 gramos de cocaína y posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico para distribuir sustancias controladas “en proyectos de vivienda pública y otras áreas dentro y alrededor de Cayey”. Torres Roche, quien fue arrestado el 3 de diciembre de 2025, enfrenta además un cargo por posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado.

Mientras, Lao Ortiz fue detenido el 6 de octubre de 2025 y Ortiz Martínez el 7 de octubre de 2025.

También, el 8 de mayo, Michael Jovan Rodríguez Cruz y Maycol A. Franco se declararon culpables de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico en varios proyectos de vivienda pública en San Juan. El tribunal fijó la sentencia de ambos para el próximo 6 de agosto.

Por otro lado, Jorge L. Carmona Gil se declaró culpable de cuatro cargos por conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir más de cinco kilos de cocaína a bordo de una embarcación de los Estados Unidos; por posesión con intención de distribuir más de cinco kilos de cocaína a bordo de una embarcación de los Estados Unidos y complicidad, otro por conspiración para importar cocaína en cantidad superior a cinco kilos y un cuatro cargo por intento de importación de cocaína en cantidad superior a cinco kilos y complicidad. Carmona Gi fue arrestado el 22 de marzo de 2024.

Calín Hernández Valdez también se declaró culpable por reingreso ilegal al país tras haber sido condenado por un delito grave luego de haber sido arrestado el 14 de noviembre de 2025. El tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 5 de agosto de 2026.

Del mismo modo, Usbardo Trinidad Hungría se declaró culpable por un delito de reingreso ilegal al país. El 5 de enero pasado Trinidad Hungría fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) luego de que cumpliera una condena en la Cárcel Regional de Bayamón por violaciones a la Ley de Armas de Fuego de Puerto Rico. El tribunal fijó la fecha de la sentencia del acusado para el 7 de agosto de 2026.

Rodolfo Brunet González fue sentenciado por la jueza Camille L. Vélez-Rivé a tres años de libertad condicional por conspirar con otra persona para transportar y recibir en Puerto Rico un arma de fuego proveniente de otro estado a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), sin ser importador, fabricante, distribuidor o coleccionista de armas de fuego con licencia. El acusado se declaró culpable el 3 de febrero de 2026.

Mientras que Sem Monge Parrilla y Ernesto Caraballo fueron sentenciados por el juez presidente, Raúl M. Arias Marxuach, el primero a 60 meses de prisión y ocho años de libertad supervisada por participar en el narcotráfico dentro y cerca del proyecto de vivienda pública Jardines de Sellés, en Río Piedras; y el segundo a 96 meses de prisión y ocho años de libertad supervisada.

Por otro lado, Marcos Antonio Ventura Martínez fue sentenciado por la jueza Silvia L. Carreño-Coll a 30 meses de prisión, sin libertad condicional supervisada, por delitos de narcotráfico, incluyendo conspiración para importar cocaína en cantidad superior a cinco kilos, importación en cantidad superior a cinco kilos de cocaína y complicidad, conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir en cantidad superior a cinco kilos de cocaína a bordo de una embarcación de los Estados Unidos y por posesión con intención de distribuir más de cinco kilos de cocaína a bordo de una embarcación de los Estados Unidos y complicidad. Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 2 de octubre de 2024 y se declaró culpable de los cuatro cargos el 4 de febrero de 2026.

También, Rafael Emilio Pérez Pichardo, de 66 años y de nacionalidad dominicana, fue sentenciado por Arias Marxuach a dos años de libertad condicional por reingreso ilegal tras haber sido previamente expulsado de los Estados Unidos por una condena por delito grave. En 1990, el acusado fue declarado culpable en Nueva York de homicidio involuntario y sentenciado a una pena indeterminada de 5 a 15 años de prisión. En 2003, fue deportado de Estados Unidos.

Omar Antonio Contreras Mendoza fue sentenciado por el juez presidente a 70 meses de prisión por conspirar para distribuir 339 kilogramos de cocaína a sabiendas o teniendo motivos razonables para creer que la sustancia controlada sería importada a Estados Unidos. Debido a que el acusado estuvo detenido en Colombia en espera de extradición. Contreras Mendoza se declaró culpable el 15 de mayo de 2025.

Eduardo Berríos Sepúlveda fue sentenciado a 96 meses de prisión y ocho años de libertad supervisada por participar en el tráfico de drogas armado en el proyecto de vivienda pública Jardines de Sellés y sus alrededores. Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 8 de mayo de 2024 y se declaró culpable el 8 de enero de 2026.

Por otro lado, Luis A. Quijano Cruz fue sentenciado por la Jueza Silvia CarreñonColl a 18 meses de prisión ycinco años de libertad supervisada por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína. Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 22 de febrero de 2024 y se declaró culpable el 24 de abril de 2025.

Erick Leandro Calderón Soler fue sentenciado por la jueza María Antongiorgi Jordán a 87 meses de prisión por cargos de narcotráfico relacionados con el traslado de cocaína de Colombia a Estados Unidos. Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 4 de mayo de 2023 y se declaró culpable el 11 de febrero de 2026.

Fedor Vovk y Aleksei Kondratev fueron sentenciados por la jueza Camille Vélez Rivé a una pena de prisión equivalente al tiempo ya cumplido (siete meses) por conspiración para introducir inmigrantes indocumentados en un lugar distinto a un puerto de entrada autorizado. Según documentos judiciales, los acusados fueron imputados por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 y se declararon culpables el 6 de febrero de 2026.

Michael García Torres fue sentenciado por la jueza Silvia Carreño Coll a nueve años de prisión, seguidos de seis años de libertad supervisada, por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico en varios proyectos de vivienda pública en San Juan. Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 11 de junio de 2025 y se declaró culpable el 18 de febrero de 2026.

Del mismo modo, Jonathan Ramaza Sanabria fue sentenciado por el Juez Pedro A. Delgado Hernández a una pena de prisión de 10 años y una pena de libertad supervisada de cinco años por delitos de narcotráfico, incluyendo conspiración para importar cocaína en exceso de cinco kilos de cocaína, importación en exceso de cinco kilos de cocaína y complicidad;, posesión con intención de distribuir en exceso de cinco kilos de cocaína y posesión con intención de distribuir en exceso de cinco kilos de cocaína y complicidad. Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 7 de julio de 2022 y se declaró culpable de los cuatro cargos el 7 de febrero de 2026.

Finalmente, Juan Enrique Feliciano Torres fue sentenciado por la jueza Gina R. Méndez Miró a 66 meses de prisión ytres años de libertad supervisada por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas que contenían una cantidad detectable de fentanilo y posesión de una pistola Glock G27, calibre .40, cargada con munición, para facilitar un delito de narcotráfico. Según consta en los documentos judiciales, el acusado firmó una renuncia a la acusación formal y se declaró culpable de los cargos uno y dos de la información presentada por la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico el 6 de febrero de 2026.