La empresa Physician Correctional demandó al gobierno de Jenniffer González para impedir la “cancelación arbitraria e ilegal” de su contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), al alegar que la movida responde a “discrimen político” por su apoyo a Pedro Pierluisi durante la pasada campaña primarista.

Según la demanda presentada en la noche de ayer, lunes, la cancelación del contrato que Physician mantiene para administrar los servicios de salud para la población de confinados es “motivada exclusivamente por el apoyo que los directivos de Physician brindaron en su carácter personal al contrincante primarista de la gobernadora”. Además, denuncia que la cancelación no se da “por deficiencias en el servicio o incumplimientos contractuales”.

“El remedio principal aquí solicitado –un injunction (interdicto) preliminar y permanente– se invoca precisamente porque estamos ante el quebrantamiento inminente de una relación contractual que trasciende los intereses económicos de las partes para incidir directamente sobre la vida, salud y dignidad de miles de ciudadanos bajo custodia del Estado”, plantea la demanda, de 39 páginas, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Con el injunction solicitado, la empresa busca paralizar el proceso “ilegal” de nueva contratación que el DCR encaminó el pasado 1 de julio, ordenar el cumplimiento específico del contrato vigente, requerir a la agencia seguir el procedimiento contractual acordado y “cesar las violaciones a los derechos constitucionales de debido proceso y libertad de expresión”.

En declaraciones escritas remitidas a El Nuevo Día pasadas las 7:00 p.m., el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, sostuvo que notificaron a Physician, el 1 de julio, que cancelarían su contrato en los próximos 30 días y cuando tuvieran un nuevo proveedor.

“Las razones para nuestra determinación están contenidas en la carta que cursamos a esos fines. (...) Reiteramos nuestro compromiso de proveerle a la población correccional los mejores servicios de salud posible; no nos mueve ninguna otra consideración”, aseguró el titular.

Mientras, la gobernadora indicó que Physician podía “ir al Tribunal y alegar lo que quieran… que Santa Claus les quitó el contrato”.

“La realidad es que ellos soltaron a una persona que le privó de la vida a una mujer y eso es negligencia. Esto fue parte del debate de la (carrera a la) gobernación y yo fui la única que planteé que, si llegaba a la gobernación, íbamos a cancelar ese contrato porque había un incumplimiento”, agregó González, en entrevista televisiva (Última Palabra).

El desempeño de Physician Correctional comenzó a ser cuestionado por diversas voces desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y ser “evaluado” por un panel médico de la empresa.

En enero, el nuevo secretario del DCR ordenó una investigación “minuciosa” del contrato. El 1 de julio, Quiñones Rivera notificó –mediante carta– la cancelación del contrato con Physician, según la demanda, “debido al supuesto mal manejo del caso del señor Ávila Vázquez y a los supuestos hallazgos de los informes de UTICORP”, empresa contratada en 2023 por el DCR para auditar el rendimiento de Physician Correctional.

“En la referida carta se indica que la cancelación del contrato será efectiva en 30 días o ‘una vez se formalicen las nuevas contrataciones de la totalidad de los servicios’ que provee Physician bajo el contrato vigente con DCR, lo cual se espera que culmine ‘en o después del 31 de julio de 2025’. Al emitir dicha comunicación, el DCR incumplió con el proceso de notificación y oportunidad de corrección establecido en el Artículo 21 del propio contrato”, alega la empresa.

En la demanda, Physician –que asegura no tener “facultad en ley alguna para liberar a ningún confinado”– reconoce que sus oficiales principales, “en su carácter personal, colaboraron y participaron activamente en la organización de actividades de recogido de fondos para la campaña del candidato Pierluisi Urrutia y le aportaron con sus fondos personales donativos de campaña”.

Añade que, tanto durante la campaña primarista como durante la campaña a la gobernación como candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), González manifestó en varias ocasiones que, de llegar a La Fortaleza, cancelaría el contrato de Physician con el DCR. El recurso cita a la gobernadora, cuando sostuvo –el pasado 11 de junio– que el mencionado contrato sería cancelado porque eso era un “compromiso programático en la pasada campaña electoral”.

“Tales expresiones y las acciones subsiguientes que resultaron en la cancelación del contrato por motivos político-partidistas, constituyen prueba prima facie del ánimo de discrimen político y de una clara violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución federal y la Constitución de Puerto Rico”, agrega la demanda.

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Valeria María Torres Nieves colaboró en esta historia.