Un panel de jueces confirmó el veredicto federal de culpabilidad contra el exproductor televisivo Sixto “George” Díaz Colón.

La orden y opinión fue emitida este martes por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

En agosto de 2023, Díaz Colón fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión, luego de que un jurado lo encontrara culpable de tres cargos federales por extorsión, intentó de extorsión y destrucción de evidencia.

Los cargos alegaban que Díaz Colón, cuando trabajaba para Spanish Broadcasting System (SBS), la empresa matriz de Mega TV, solicitó $300,000 y contratos en el gobierno a cambio de supuestamente evitar que salieran publicados mensajes del chat de Telegram, que provocaron el llamado “verano de 2019″ y la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

La representación legal del convicto acudió a Boston alegando que la Fiscalía federal falló en probar todos los elementos del delito.

También planteó que hubo errores judiciales y limitaciones indebidas que privaron a Díaz Colón de tener un juicio justo, justificando la anulación de la sentencia impuesta por el juez federal Francisco Besosa.

Díaz Colón y su abogado, Rafael Castro Lang han sostenido que no pidió nada a cambio de evitar que se publicaran los mensajes, sino que solamente estaba avisando las intenciones de Raúl “Rauli” Maldonado Nieves, hijo del entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, sobre la publicación de los mensajes.

En cambio, la Fiscalía federal mantuvo que probó, más allá de duda razonable.

“Durante el juicio, se probó que Díaz Colón incurrió en los delitos por los cuales fue declarado culpable... y se presentaron pruebas para sustentar cada uno de los delitos en este caso”, dijo John Alexander Romano, durante una vista argumentativa.

Tras evaluar los planteamientos, el panel de jueces apelativos resolvió el martes que “se confirma la sentencia de culpabilidad del tribunal de distrito en cada cargo”.

Sin embargo, no publicó la opinión del panel. En una orden separada, dispuso que se mantendrá sellada porque contiene información de apéndice que tiene restricción de acceso público.

Señaló que las partes tienen hasta el 12 de diciembre para expresar objeciones de la publicación y qué partes entienden se deben tachar antes de que sea publicada, así como una expresión de por qué sería inapropiado hacerlo público. De no expresarse, Boston se reserva el derecho a divulgarla al público inmediatamente.

Mientras, según la base de datos del Negociado federal de Prisiones, Díaz Colón ya no está en alguna de sus instituciones.

En una moción de finales de septiembre pasado, Castro Lang indicó que su cliente había salido de la cárcel y estaba en lo que se conoce como una “casa media” o “halfway house”, que consiste de residencias que sirven de transición para personas que están próximas a regresar a la libre comunidad.