Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Retrasan vista federal por enmienda a demanda de la ACLU por registro electoral

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) solicitó tiempo adicional para revisar los cambios en la demanda revisada

27 de septiembre de 2024 - 12:04 PM

Updated At

Actualizado el 27 de septiembre de 2024 - 4:01 PM

El abogado de la ACLU, Fermín Arraiza, llega al Tribunal Federal en Hato Rey, para la vista por la demanda contra la CEE. (alex.figueroa@gfrmedia.com)

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) radicó una demanda enmendada contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en reclamo de que se reabra el registro de electores.

El cambio en el recurso legal provocó que la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenara que la vista, que comenzó a las 10:00 de la mañana, se retrasara para por la tarde para darle tiempo a la CEE para revisar las enmiendas.

La demanda sostiene que el cierre del registro el pasado 21 de septiembre afectó a los electores porque limitó su acceso al derecho al voto.

En el documento, la entidad denunció que el Código Electoral de 2020 que fijó esa fecha viola el estatuto que establece el cierre del registro electoral 30 días antes de los comicios generales, el 6 de octubre.

Antes del receso, Antongiorgi Jordán denegó la petición de la ACLU para que declarara como testigo experto a Héctor Luis Acevedo, quien lleva décadas manejando asuntos electorales en Puerto Rico.

Antongiorgi Jordán no permitió que declarara debido a que la ACLU no notificó a las partes demandadas de que lo sentaría como perito.

“Es muy lamentable, porque yo vengo a defender (a) los electores”, manifestó Acevedo al salir de la sala.

“En todos los Estados Unidos se puede inscribir no menos de 30 días, por una ley federal del (19)93, y aquí la ley dice que es a 30 días, el 6 de octubre”, agregó.

Mientras, en la sala, Antongiorgi Jordán solicitó que las partes argumentaran en primera instancia sobre si el Tribunal federal tiene o no jurisdicción sobre la controversia planteada.

El director legal de la ACLU en Puerto Rico, Fermín Arraiza, indicó que sí hay jurisdicción debido a que la demanda señala presuntas violaciones bajo la Primera y Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda denuncia distintas dificultades con la plataforma electrónica y de capacidad de personal para atender a todos los potenciales electores que llegaron a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), privándoles de ejercer su derecho al participar de las elecciones.

Apuntó que uno de los demandantes originales optó por no ir a una JIP para inscribirse, sin éxito, mediante el sistema del Registro Electrónico de Electores (e-RE). También señaló que los otros tres demandantes originales ya se registraron, mientras que reconoció que dos todavía no han recibido su aprobación y todavía intentan completar el proceso de cambio de dirección.

Según la ACLU, esas aprobaciones ocurrieron posterior de la demanda, por lo que enmendó el recurso legal quedando como demandantes Marina Espíritu, Iris Delia Torres López, Víctor Artieri García y Alicia Vázquez Figueroa.

Por su parte, la abogada de la CEE, Marcia Pérez Llavona, mantuvo ante Antongiorgi Jordán que el Tribunal federal no tiene jurisdicción sobre el asunto por tratarse de un tema de leyes locales que autorizan a la entidad a establecer sus reglamentos.

También recordó que el Tribunal de San Juan desestimó una revisión judicial entablada por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por entender que estaba impedido de obstaculizar el proceso electoral.

Además, la CEE señaló que los demandantes no sufrieron un daño irreparable por el cierre de inscripción el 21 de septiembre.

Apuntó que uno de los demandantes originales optó por no ir a una JIP para tratar de inscribirse mediante el sistema e-RE. También señaló que los otros tres demandantes originales ya se registraron, aunque reconoció que dos todavía no han recibido su aprobación y e intentan completar el proceso de cambio de dirección.

Al plantearse la radicación de una demanda enmendada, Pérez solicitó que fuera eliminada. No obstante, Antongiorgi Jordán la mantuvo en pie y ordenó escuchar los argumentos de interdicto preliminar en la tarde.

Después del receso, la ACLU llamó como primer testigo al secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón.

El funcionario, ante las preguntas de Guillermo Ramírez, uno de los abogados de la ACLU, indicó que al momento del cierre de las inscripciones a las 11:59 de la noche del 21 de septiembre había aproximadamente 91,053 transacciones en el registro electrónico electoral pendientes de revisión. Colón dijo que esa cantidad se redujo a 12,000 transacciones pendientes.

El secretario de la CEE también dijo que la cantidad de JIPs regionales se redujeron de 84 en el 2021 a 10 en el 2022.

Colón contestó que sí cuando se le preguntó si la reducción de las JIPs “iba de la mano” con la implementación del sistema electrónico electoral.

Asimismo, declaró que el cambio se debió a una “reorganización” ordenada por el Código Electoral. También reconoció que ese sistema no comenzó cuando el nuevo Código Electoral lo requería.

Luego, en el contrainterrogatorio, el testigo dijo que habían 24 JIPs temporeras que ofrecen el mismo servicio que las oficinas regionales.

Popular en la Comunidad


Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: