El Tribunal Supremo declaró “no ha lugar” la petición de Cobra Acquisitions que buscaba una segunda reconsideración del más alto foro judicial ante la demanda de 12 municipios que reclaman el pago de arbitrios de construcción y patentes por los trabajos de restauración del sistema eléctrico realizados por la empresa tras el azote del huracán María en 2017.

Este era último intento que Cobra tenía para lograr que el Supremo asumiera jurisdicción y se expresara en cuanto al pleito incoado por Salinas, Guayama y Humacao, pero que repercute sobre Caguas, Guaynabo, Yabucoa, Ceiba, Arroyo, Las Piedras, Gurabo, Utuado y Patillas.

La decisión, con fecha del 6 de febrero, recayó sobre un panel compuesto por la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los asociados Erick Kolthoff Caraballo y Ángel Colón Pérez.

Para Cobra, con sede en Oklahoma, quedaron agotados los recursos de reconsideración.

Inicialmente, fueron 13 los municipios que demandaron, hace siete años, reclamando el pago de patentes y arbitrios. De los 13, al momento, solo Maunabo concluyó su pleito y prevaleció en el Supremo, aunque todavía aguarda por que se finiquite una cuantía sobre las patentes.

El pasado 12 de diciembre, Cobra recibió un “no ha lugar” del Supremo tras solicitar la primera reconsideración. La segunda solicitud se produjo a menos de 24 horas de ese revés.

“Los pleitos de los 12 municipios regresan al Tribunal de Primera Instancia con trámites distintos. Habrá que analizar cada caso y lo tramitaremos en el Tribunal de Primera Instancia, donde cada caso regresa. Allí, estaremos sometiendo nuestras posturas de derecho en cada uno de ellos”, afirmó uno de los abogados de Cobra, Ramón Rosario.

Al hacer el primer pedido de reconsideración al Supremo, la empresa incorporó a su equipo legal a Rosario, quien preside la Asociación de Abogados de Puerto Rico y fue secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. También, añadieron al ex juez asociado –ya retirado– Edgardo Rivera García. Ahora, el abogado Javier Rivera quedó fuera del equipo legal.

No fue posible obtener declaraciones de los alcaldes implicados en el pleito o sus abogados, quienes optaron por no comentar.

El pasado 23 de octubre, el Supremo declaró “no ha lugar” un recurso legal (“certiorari”) para que viera el caso. En el primer recurso de reconsideración, presentado el 6 de noviembre, Cobra alegó que no debía pagar arbitrios de construcción y patentes porque le cobija la exención que, por ley, tiene la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que incurrir en ese gasto impactaría la tarifa eléctrica.

En julio del año pasado, la Junta de Gobierno de la AEE, por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal, acordó pagarle a Cobra la mitad de los cerca de $400 millones adeudados post-María, del total de $1,300 millones facturados. El pago fue ratificado por la jueza federal Laura Taylor Swain, como parte de la discusión del Plan de Ajuste de la corporación pública bajo el Título III de la ley Promesa.

En reacción, los alcaldes de Humacao, Yabucoa, Naguabo, Guayama, Cayey, Las Piedras y Caguas llevaron la decisión de Swain ante la consideración del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que todavía no se expresa.