El contratista Daniel García Martín fue sentenciado hoy a 15 meses de cárcel luego de que se declarara culpable por posesión ilegal de armas de fuego, que le fueron ocupadas durante una intervención federal relacionada con trabajos que realizó para los suegros de la gobernadora Jenniffer González, en La Parguera.

La condena fue dictada durante una vista ante el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach.

García Martín, de 68 años, estuvo representado por la licenciada Jessica Earl, de la Oficina del Defensor Público, mientras que por el Ministerio Público estuvo el fiscal federal Seth Erbe.

Como parte, de la pena, el juez también le fijó tres años de libertad supervisada y una multa de $5,000.

El dictamen añade siete meses a los ocho que lleva en la cárcel federal de Guaynabo y que los cumplirá en una institución en Florida.

La condena quedó dentro de las guías de sentencia, que sugerían un término de entre 12 a 18 meses tras las rejas.

Arias Marxuach admitió que sí se trataba de “un caso difícil”, porque es una persona que en el pasado había cometido “la peor ofensa, que es asesinato”, aunque por el tiempo transcurrido no es un agravante para su condena actual".

“Es desafortunado que después de pagar su deuda a la sociedad, el señor García se vea ante la corte otra vez”, manifestó.

García Martín se había declarado culpable sin llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal.

Antes de escuchar la decisión del juez, García Martín expresó: “Primero que nada quiero darle gracia a Dios y a mi familia por el apoyo que me ha dado”.

“Soy una persona respetuosa, trabajadora y me llevo bien con la sociedad. Gracias a vuestro honor, tomaré con mucho respeto la declaración que quiera darme”, manifestó.

Previo a la audiencia, la Fiscalía federal había recomendado que el tribunal se fuera por encima de las guías para que emitiera una condena de dos años de prisión, argumentando que “en que este caso no corresponde a un caso de posesión de armas de fuego y municiones encontradas de casualidad”.

Además, recordó que García Martín no podía poseer armas porque había cumplido cárcel por el asesinato de una mujer, mientras que, en sus años de adolescencia, fue procesado por la muerte de su padrastro.

“En este caso, el Tribunal no debería seguir el cálculo de las Directrices del Informe Previo a la Condena, en el que las condenas por homicidio quedan excluidas de la consideración únicamente porque quedan fuera del ‘período de tiempo aplicable’. Tal resultado no refleja la gravedad de los antecedentes penales de García ni su potencial de reincidencia”, apuntó.

Mientras, la defensa sugirió que, por el contrario, el tribunal optara por un castigo por debajo de las guías y lo sentenciara a cumplir dos años de libertad supervisada.

Entonces, enfatizó en que no se trata de una persona con varias condiciones de salud que no es peligrosa, y que la ocupación de tres pistolas y 143 en su casa no se debió a que era investigado por un crimen violento, sino por su alegado vínculo con la familia de la gobernadora.

“En el verano de 2023, uno de los vecinos más famosos de La Parguera se convirtió en objeto de interés público en Puerto Rico, no porque se supiera quién era, sino por quién supuestamente lo había contratado”, argumentó la defensa en una moción.

Agregó que “fue identificado como un obrero de la construcción que presuntamente había trabajado en una propiedad de La Parguera perteneciente a los suegros del Gobernador de Puerto Rico”.

“Lo que siguió fue una tormenta política que nada tenía que ver con Daniel, salvo que lo involucró por completo. Cuando el FBI llegó a su casa, no buscaban a un hombre peligroso. Llegaron por dónde había trabajado y lo que podría saber sobre otros”, apuntó.

Tras asegurar que se había rehabilitado y cumplido por los delitos en su pasado, la defensa argumentó que García Martín “no es un símbolo. No es una figura política en absoluto”.

“No es un villano ni un héroe. Es un hombre de sesenta y ocho años, ciego de un ojo, con las piernas que le fallan, que necesita una cirugía que no se le está realizando, que llama ‘chatarra’ a los revólveres viejos y se olvida de que los tiene, y que quiere ir a la playa con su familia cuando todo esto termine”, acotó.

García Martín fue arrestado en octubre pasado debido a que en su residencia encontraron armas de fuego y municiones, según indicó un agente del FBI en una declaración jurada que la se describe como “responsable de llevar a cabo y/o asistir en investigaciones de corrupción pública, incluyendo cuello blanco y crímenes financieros”.

En aquel momento, se le negó salir bajo fianza en una vista en la que trascendió que el FBI había allanado su casa como parte de una investigación sobre las construcciones en La Parguera.

La entonces fiscal del caso, Linet Olinghouse, argumentó, en la vista de fianza, que uno de los factores por los que no debía estar en la calle, además de un supuesto peligro para la comunidad, era porque representaba un riesgo de fuga, debido a que García Martín “está al tanto de que es el objeto de una investigación en curso”, por lo que “está viendo a posibles penalidades adicionales”.

Por su parte, la abogada de la defensa refutó el argumento indicando que su representado había recibido el acercamiento de agentes del FBI “más de una vez durante el año pasado porque es, alegadamente, un constructor que ha estado trabajando en la casa de la gobernadora en La Parguera. Así es como esto comenzó”.

Asimismo, señaló que la orden de allanamiento indicaba que los agentes del FBI fueron a la casa buscando computadoras, recibos “y otras cosas como esas”.

“Los cargos en la orden de registro están relacionados con la Ley de Agua Limpia, con cosas sobre la construcción en La Parguera, nada que relacione, para indicar que estaban preocupados al registrar su casa porque él pudiera ser una persona peligrosa”, planteó la abogada.