Los testigos en el caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido la madrugada del 11 de agosto, cerca del casco urbano de Aibonito, han informado a la Fiscalía que temen por su seguridad y la de sus familias.

Así consta en una moción presentada por la Fiscalía de Distrito de Aibonito, en la que solicita al tribunal tomar medidas para proteger a los testigos, ante la autorización del Tribunal Supremo para transmitir en vivo la vista preliminar que inicia el próximo lunes.

A esos efectos, el Ministerio Público solicitó al tribunal que, cuando estén declarando personas civiles que no son funcionarios públicos, se prohíba su grabación, ya sea en audio y vídeo, así como la transmisión simultánea o la retransmisión de su participación.

“Es pertinente señalar, que los testigos de cargo han informado al Ministerio Público su temor por su vida y seguridad propia y la de sus familias, que sienten que están en riesgo por razón de su participación en dicha causa”, indica la moción, de cinco páginas.

A esos fines, los fiscales Ernesto J. Quesada Ojeda, Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes L. Cruz Vélez solicitaron al tribunal, específicamente que “se tomen medidas efectivas para prevenir y evitar la ocurrencia de actos en su contra”.

Argumentaron que el que se capte, reproduzca y transmita por televisión la imagen de dichas personas mientras estén ofreciendo sus testimonios “no solo aumentaría el potencial de riesgo contra su vida y seguridad, sino que también podría afectar adversamente la entereza de su testimonio y su disposición para participar en el proceso”.

En ese aspecto, los fiscales añadieron que es y ha sido crucial del Estado asegurar la obtención de prueba testifical material sin exponer a testigos de cargo que no sean funcionarios públicos “a sufrir la intimidación y los serios disturbios emocionales que le puede causar confrontar o tener que declarar frente a su victimario”.

“Por lo que, se solicita que durante el testimonio de esta persona esté prohibida su grabación (audio y vídeo) y transmisión simultánea o retransmisión de su participación”, lee la moción en poder de El Nuevo Día.

De igual manera, la Fiscalía adelantó que, adicionalmente, en este caso, pretende presentar evidencia sobre tratamientos médicos recibidos por las víctimas de los hechos imputados.

“Como es sabido, existe una clara política pública que ampara la privacidad y seguridad de la información médica de los pacientes al amparo del Health Insurance Portability and Accountability Act″, dijeron.

Por tanto, también solicitaron que se prohíba que los testimonios sobre tratamiento médico de un paciente, que a su vez sea víctima de delito, sean objeto de grabación y transmisión simultánea o retransmisión.

“En este caso, la utilización de cámara de televisión tendría un efecto más que adverso en la presentación de la prueba, específicamente en cuanto a las declaraciones de los testigos de cargo cuya vida y seguridad actualmente está en riesgo”, aludieron.

Según los fiscales, su petición no impide que la prensa tenga acceso al proceso, y que pueda reseñar lo que suceda en la vista preliminar, de forma tal que se pueda cumplir con el deber de mantener informada a la ciudadanía. “En forma alguna, nuestra solicitud a este honorable tribunal afecta o limita el derecho a informar a la ciudadanía”, alegaron.

“Para concluir, dado que los intereses fundamentales de la prensa no se verían lesionados con la ausencia de imágenes, ciertamente, la balanza se debe iniciar a favor de la integridad y la seguridad de dichos testigos y de la entereza de sus declaraciones”, puntualizaron.

Lo cierto es que en otros procesos judiciales, cuando se han presentado preocupaciones en cuanto a los testigos, se ha determinado que no se transmita su rostro. Sin embargo, se permite que la ciudadanía, a través de las transmisiones de la prensa, puedan escuchar, al menos, el testimonio de los testigos.

Al momento, la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, no ha tomado una decisión.

Más temprano, se llevó a cabo una vista de estatus donde se informó que las imputadas por el crimen de la adolescente ya cuentan con representación legal.

El licenciado Jesús Roberto Ramos Puca representará a Elvia Cabrera Rivera, de 40 años. Mientras que su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, será representada por la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR).

Por el momento, se desconoce quién asumirá la representación legal de la menor, ya que la SALPR en Aibonito pidió ser excusada del caso. Ante esta situación, se asignará un defensor de otra región.

En declaraciones a la prensa, el director de SALPR en Aibonito, Julio Eduardo Torres, confirmó que existía una preocupación, ya que todos los licenciados que laboran para dicha entidad son residentes del municipio.

“Conozco a las partes, conozco todo lo que tiene que ver con las personas que están en este asunto. Le expresamos a la directora ejecutiva Alejandra Belmar y al subdirector Manuel Mayo cuál era preocupación... Todas las personas que trabajan en nuestra oficina son de aquí, viven aquí y conocen a las personas”, dijo.

Ante esto, Torres mencionó que Belmar y Mayo entendieron cuál era la situación. “Ellos han decidido que los abogados que estamos aquí en Aibonito no seamos los que estemos representando”, aseveró el licenciado, reseñó la cadena Telemundo.

En tanto, el fiscal Edwin Ortiz confirmó que existe una preocupación en cuanto a cómo se protegerá la identidad de los testigos en el caso, ya que la vista preliminar será televisada. “Tenemos que garantizarle a los testigos civiles (protección)”, aseveró.

La tragedia se reportó el 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El incidente ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. No obstante, la menor, Pratts Rosario, falleció posteriormente.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Por estos hechos, las dos imputadas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se les impuso una fianza a cada una de $1 millón, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresadas a una institución correccional.