Cuando se sospecha que alguien cometió un delito en Puerto Rico, el Estado asume la responsabilidad de investigar los hechos y, si procede, iniciar un proceso judicial para hacer justicia a la víctima y que la persona responsable cumpla por la infracción incurrida.

El objetivo es demostrar, más allá de toda duda razonable, que la persona es responsable del delito por el que se le acusa, al mismo tiempo que se protegen sus derechos fundamentales: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a un juicio justo.

En la isla, el sistema de justicia penal cumple una doble función: protege a la sociedad frente a los delitos y salvaguarda las garantías individuales frente al poder punitivo del Estado. Solo cuando ambas dimensiones se respetan se puede considerar que la justicia se administra correctamente.

Según la “Guía Educativa: Procedimiento Judicial Criminal” del Poder Judicial, el encausamiento se divide en dos etapas: investigativa y judicial.

La etapa investigativa está a cargo del poder ejecutivo, principalmente del Ministerio Público y la Policía de Puerto Rico. El tribunal solo interviene si se requiere alguna orden judicial durante la investigación.

Durante esta etapa, las autoridades identifican al sospechoso, recopilan pruebas, examinan testigos y preparan la denuncia. Una vez completada la investigación preliminar, el Ministerio Público decide si el caso pasa a la etapa judicial.

Si se determina que hay causa suficiente, el caso se traslada al tribunal. Allí, un juez evalúa si existen motivos para citar, arrestar y acusar formalmente a la persona sospechosa. Esta fase se rige por las Reglas de Procedimiento Criminal, el Código Penal de Puerto Rico, leyes especiales y las Reglas de Evidencia, siempre respetando los derechos constitucionales del imputado.

Dependiendo de la gravedad del delito, la etapa judicial puede incluir varias fases, como vista preliminar, acuerdos de culpabilidad o un juicio en su fondo.

En Puerto Rico, un delito se define como “una conducta u omisión prohibida por las leyes penales, leyes especiales o disposiciones municipales”. Si quien comete la conducta es menor de edad, se trata de una falta y se atiende en el Sistema de Justicia Juvenil.

Los delitos se clasifican en menos graves y graves, según la pena o medida de seguridad que pueda imponerse. La pena busca proteger a la sociedad, hacer justicia a las víctimas, prevenir delitos y rehabilitar al infractor de forma proporcional a la conducta cometida.

Por su parte, la medida de seguridad no es un castigo: se aplica a personas que representan un peligro pero que, por trastorno o incapacidad mental, no comprenden la criminalidad de su conducta o el proceso judicial.

El encausamiento comienza cuando se tiene conocimiento de un posible delito. La denuncia puede provenir de la víctima, familiares o cualquier testigo, o la Policía puede detectar el hecho por otros medios, como el ingreso de una víctima a un hospital.

Durante la investigación, se recopilan pruebas, se toman declaraciones juradas y se identifican a los sospechosos. A quienes se centra la investigación se les informan sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a guardar silencio y a tener representación legal. La persona puede ejercer estos derechos o realizar una confesión voluntaria.

Concluida la investigación preliminar, el Ministerio Público presenta los cargos durante la audiencia de determinación de causa probable o Regla 6. En esta vista, un juez evalúa si existe una “scintilla de evidencia”, la mínima prueba necesaria para que el caso continúe a la etapa de vista preliminar.

Ejemplos de esta evidencia incluyen testimonios de testigos o llamadas que ubican al sospechoso cerca del lugar del delito.

Si el juez determina que hay causa suficiente, decide también las medidas de seguridad, incluida la fianza. Contar con un abogado desde esta etapa es crucial para garantizar que se respeten los derechos del detenido y para gestionar la fianza u otros recursos legales.

Si no hay causa suficiente, la persona debe ser liberada. Si se confirma la causa, el caso avanza a la vista preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia, donde se analiza la evidencia con mayor profundidad, se citan testigos de ambas partes y se determinan los pasos siguientes, que pueden incluir acuerdos de culpabilidad o el inicio de un juicio formal.