La jueza superior Thainie Reyes Ramírez, del Tribunal de San Juan, acogió este miércoles la petición del Departamento de Educación para desistir del desembolso de $25 millones para pagar a los terapistas de educación especial y dejó sin efecto la vista pautada para el viernes.

“Se tiene por retirada la solicitud del Departamento para el desembolso de fondos de la cuenta administrada por el Tribunal, y se deja sin efecto (la) vista pautada para celebrarse el 13 de junio de 2025 por haberse tornado académico el asunto que sería objeto de discusión en la misma”, expuso Reyes Ramírez en su determinación.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó el martes que ya no era necesario el desembolso, solicitado a finales de mayo, debido a que la agencia identificó unas partidas con las que podía pagar las facturas de los terapistas hasta el 30 de junio.

Educación solicitó, a finales de mayo, la entrega de $25 millones de la cuenta bancaria en la cual se depositan las multas de $11,000 diarios que paga por el incumplimiento con la sentencia por estipulación firmada en 2002 como parte del pleito de clase Rosa Lydia Vélez. La agencia señaló que necesitaba el dinero para pagar a terapistas que brindan servicios a estudiantes de Educación Especial mediante el mecanismo extraordinario conocido como remedio provisional.

Lee aquí la orden judicial:

Pese a que Reyes Ramírez accedió a la petición de Educación, ordenó a la agencia “satisfacer todas las facturas aprobadas y pendientes de pago correspondientes a los servicios brindados bajo el mecanismo de remedio provisional en o antes del 30 de junio de 2025″.

De no cumplir, la agencia deberá presentar un “informe detallado”, en o antes del 7 de julio de 2025, con la cantidad de facturas pendientes, “razones específicas del impago, y las medidas que el Departamento tomará para satisfacer las facturas pendientes”.

Asimismo, el tribunal advirtió a Educación de su “responsabilidad ineludible” de asegurar, cada año fiscal, los fondos para mantener los servicios de educación especial.

Igualmente, le recordó que “no es la primera ocasión en que se plantea al tribunal (que) la falta de asignación de fondos, lo que ha amenazado la continuidad de los servicios esenciales provistos bajo el Programa de Educación Especial”.

“Este Tribunal reitera que el Departamento tiene la obligación de mantener el nivel de recursos y esfuerzos para asegurar el ofrecimiento de los servicios de educación especial que ameritan los estudiantes”, añadió Reyes Ramírez.

Educación manifestó, en una moción radicada el 22 de mayo, que se encuentra en una difícil situación económica luego que, en marzo, el Departamento de Educación de Estados Unidos congeló los fondos federales que recibe la agencia y que incluye el dinero necesario para los programas de Educación Especial.

Ramos Parés detalló que ya emitieron unos $8 millones en pagos para los terapistas. Asimismo, indicó que hay dos pedidos de reprogramación de fondos en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF): uno por $12 millones y otro por $31.7 millones.

El titular de Educación indicó que espera la autorización de los $12 millones esta semana. Una vez esto suceda, basado en experiencias anteriores, estimó que los pagos a proveedores de terapias se emitirían entre tres a cuatro días después.

Ramos Parés no precisó cuándo tendrían acceso a los $31.7 millones, pero se expresó confiado en el compromiso que tiene la JSF “de atender esto con la urgencia que amerita”.