La jueza superior Iris Cancio González citó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a una vista de desacato el 9 de abril, tras su negativa a remitir al Senado información contributiva sobre el exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía de Jesús.

“Vista la solicitud de desacato por incumplimiento con orden del Tribunal presentada por el Senado de Puerto Rico, se señala la vista de desacato presencial”, indicó la jueza, en una orden emitida este viernes. La vista está programada para las 2:00 p.m., en la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Se advierte al recurrido que su incomparecencia será suficiente para encontrarlo incurso en desacato y ordenar su arresto e ingreso inmediato a cárcel, sin más citarle ni oírle”, estipuló Cancio González.

La acción surge luego de que el Departamento de Hacienda no produjera los documentos dentro del término de 48 horas que Cancio González había concedido el 24 de marzo, tras acoger una solicitud del Senado. El cuerpo legislativo, presidido por Thomas Rivera Schatz, había solicitado, más temprano este viernes, que se declarara a Pantoja Rodríguez en desacato del mandato judicial, conforme al Artículo 34-A del Código Político de 1902.

El jueves en la noche, del Departamento de Justicia –en representación de Hacienda– había presentado una moción de reconsideración en la que solicitó revisar la orden y reiteró que la información es confidencial y no puede divulgarse.

“Como secretario de Hacienda tengo un deber claro e indelegable: proteger la confidencialidad de la información que los contribuyentes someten ante el Departamento de Hacienda. Son garantías que se le deben honrar a todos los contribuyentes en Puerto Rico”, expresó Pantoja Rodríguez, en unas declaraciones escritas circuladas luego de la citación a la vista de desacato.

Añadió que la moción de reconsideración presentada por Justicia busca que el tribunal delimite el alcance de la protección constitucional al derecho a la intimidad, conforme a la jurisprudencia vigente.

Asimismo, insistió en que la acción no pretende limitar la transparencia ni las facultades investigativas de la Asamblea Legislativa.

“Proteger la confidencialidad de la información contributiva es proteger la confianza del pueblo de Puerto Rico en el Departamento de Hacienda. Ese es un compromiso que asumo todos los días con la mayor seriedad”, puntualizó.

La controversia se remonta a una petición de información de Rivera Schatz, aprobada de forma unánime el 12 de marzo, mediante la cual se requirió a Hacienda confirmar si Sagardía de Jesús –quien figura como contratista de múltiples agencias– radicó declaraciones informativas (W-2 y 480), así como detalles básicos como fechas, recipientes de pagos y si estas fueron enmendadas.

Tras la negativa de Hacienda a divulgar los datos el 17 de marzo, alegando confidencialidad bajo el Código de Rentas Internas y protecciones constitucionales, el Senado acudió a corte, el 23 de marzo, para obligar la entrega de la información.

El 24 de marzo, Cancio González declaró “ha lugar” la solicitud y ordenó a la agencia entregar la información en un plazo de 48 horas.

En su moción de reconsideración, Justicia planteó que la protección a los datos contributivos no se limita a las planillas, sino que abarca cualquier información sometida a Hacienda, incluidas las declaraciones informativas W-2 y 480, así como la identidad de las personas que recibieron pagos.

Además, Justicia cuestionó el alcance de la investigación legislativa, al señalar que el Senado no detalló el propósito ni la pertinencia de la información solicitada, y alegó que Sagardía de Jesús es un ciudadano privado, por lo que goza de una mayor protección constitucional.

Como parte de sus argumentos, también sostuvo que el Senado no notificó adecuadamente al exsecretario de Justicia sobre el requerimiento de información, como exige la jurisprudencia establecida, lo que, a su juicio, invalida la petición.

“La Constitución de Puerto Rico establece un mandato de confidencialidad estricto sobre la vida privada. Las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado. Romper ese sello sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley no solo es una irregularidad procesal, sino un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”, expresó, por escrito, la secretaria auxiliar de lo Civil de Justicia, Tania Fernández Madero.

En síntesis, el Senado solicitó a Hacienda indicar si Sagardía de Jesús preparó declaraciones W-2 o 480 –lo que podía responderse con un “sí” o “no”–, así como las fechas de radicación, los nombres de los recipientes de pagos y si dichas declaraciones fueron corregidas o enmendadas.

“Como se sabe, se trata meramente de confirmar si un contratista gubernamental había emitido cierta declaración ante el Departamento de Hacienda. En ese sentido, debemos apuntalar que el Senado de Puerto Rico no solicitó información ni copias sobre las planillas de contribución, como tampoco información personal del contratista gubernamental”, sostuvo el Senado, en su solicitud más reciente.

En paralelo, la petición también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

Los requerimientos surgieron luego que Sagardía de Jesús defendió públicamente a la ahora exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones de Rivera Schatz, en las que cuestionó el manejo de la administración de Jenniffer González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del año pasado.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.