Un tribunal federal de apelaciones dictaminó a última hora del miércoles que la administración de Donald Trump actuó ilegalmente cuando puso fin a las protecciones legales que dieron permiso a cientos de miles de personas de Venezuela para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. confirmó la sentencia de un tribunal inferior que consideró que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus funciones al poner fin al estatuto de protección temporal para los venezolanos.

La decisión, sin embargo, no tendrá ningún efecto práctico inmediato después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. permitiera en octubre que la decisión de Noem entrara en vigor a la espera de una decisión definitiva de los magistrados.

Un correo electrónico enviado a última hora de la noche del miércoles al Departamento de Seguridad Nacional no obtuvo respuesta inmediata.

El panel del Noveno Circuito también confirmó la conclusión del tribunal inferior de que Noem se excedió en su autoridad cuando decidió poner fin anticipadamente al TPS para cientos de miles de personas procedentes de Haití.

Se espera que un juez federal de Washington se pronuncie en cualquier momento sobre la petición de suspender la terminación del TPS para Haití mientras prosigue otra demanda que lo impugna. Está previsto que el TPS del país finalice el 3 de febrero.

Los jueces del Noveno Circuito Kim Wardlaw, Salvador Mendoza, Jr. y Anthony Johnstone dijeron en el fallo del miércoles que la legislación del TPS aprobada por el Congreso no otorgaba al secretario la facultad de anular una designación de TPS existente. Los tres jueces fueron nombrados por presidentes demócratas.

“El estatuto contiene numerosas salvaguardias procesales que garantizan que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad durante períodos de condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen”, escribió para el panel Wardlaw, que fue nominado por el presidente Bill Clinton.

Wardlaw dijo que las “acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas” para los venezolanos y haitianos en Estados Unidos que dependen del TPS.

“El registro está repleto de ejemplos de miembros de la sociedad que trabajan duro y contribuyen a la sociedad -que son madres, padres, esposas, maridos y parejas de ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos y no tienen antecedentes penales- que han sido deportados o detenidos después de perder su TPS”, escribió.

El Estatus de Protección Temporal, o TPS, autorizado por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990, permite al secretario de Seguridad Nacional conceder el estatus de inmigrante legal a las personas que huyen de países que sufren luchas civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden un retorno seguro a su país de origen.

Las designaciones se conceden por periodos de seis, 12 o 18 meses, y pueden prorrogarse siempre que las condiciones sigan siendo terribles. El estatuto impide que los titulares sean deportados y les permite trabajar, pero no les da acceso a la ciudadanía.

Al poner fin a las protecciones, Noem dijo que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional permitir que los inmigrantes de los dos países se quedaran en lo que es un programa temporal.

Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. El país está sumido en una prolongada crisis provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010 después de que un catastrófico terremoto de magnitud 7.0 matara e hiriera a cientos de miles de personas y dejara a más de un millón sin hogar. Los haitianos se enfrentan al hambre generalizada y a la violencia de las bandas.

Mendoza escribió por separado que había “amplias pruebas de animadversión racial y de origen nacional” que reforzaban la conclusión del tribunal inferior de que las decisiones de Noem estaban “predeterminadas y su razonamiento era pretextual”.

“Está claro que las acciones de vacatio de la secretaria no se basaban realmente en consideraciones políticas sustantivas o en diferencias genuinas con respecto a los procedimientos de TPS de la administración anterior, sino que estaban arraigadas en un diagnóstico basado en estereotipos de los inmigrantes de Venezuela y Haití como criminales peligrosos o enfermos mentales”, escribió.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.