La jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó este jueves el fallo en la demanda radicada por el Senado para obligar al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental, Antonio Sagardía.

Tras escuchar los argumentos de las partes en una vista transmitida de forma electrónica, y que comenzó con interrogantes sobre el alcance de la solicitud, Cancio González informó que emitirá por escrito su determinación sobre si encuentra en desacato al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

“Dejo sometida la moción de desacato y la moción de reconsideración. No la voy a resolver en corte abierta. Quiero expresarme por escrito y fundamentar lo que sea mi determinación y lo estaré haciendo en un corto período de tiempo porque sé que este es un asunto de alto interés público y que urge la determinación”, dijo.

Antes de informar su decisión, la jueza señaló, desde el estrado de la sala 907 del Centro Judicial de San Juan, que se trataba de un asunto delicado, dado que la disputa involucraba a las tres ramas del gobierno: la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Poder Judicial.

“En este caso están chocando los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y hay que tratarlo con delicadeza”, añadió Cancio González, quien cuestionó el alcance de la petición senatorial y cómo la información solicitada contribuiría a identificar presuntas irregularidades en las subcontrataciones de Sagardía.

En síntesis, el equipo legal del Senado aclaró en corte abierta que dicho cuerpo legislativo no solicitó acceso a documentos con información contributiva de Sagardía, sino que el Estado certifique y responda, con un “sí” o un “no”, a preguntas puntuales sobre los datos sometidos por el contratista ante Hacienda.

El licenciado Miguel A. Rodríguez Ramos, representante legal del Senado, insistió en que la información solicitada es clave para la labor de fiscalización que ejerce la rama legislativa y subrayó que resulta pertinente cuestionar por qué el Ejecutivo se niega a divulgar los datos sobre Sagardía.

“El Senado de Puerto Rico lo que está solicitando es que el Departamento de Hacienda, por medio de una certificación, diga si el licenciado Sagardía presentó informativas, si hizo enmiendas. Si la contestación es que sí, pues que diga a nombre de quién se hicieron esas informativas”, explicó Rodríguez Ramos.

En ese sentido, el licenciado añadió que la petición senatorial no violenta el derecho a la intimidad de Sagardía, como argumentó el Estado. “El gobierno estatal se está negando a proveer esa información y por eso es que nosotros recurrimos al auxilio del Tribunal, como estipula el Código Político”, dijo.

No obstante, la batería de abogados del Departamento de Justicia, en representación del secretario de Hacienda, sostuvo que la petición senatorial no podía atenderse con un “sí” o un “no”, y que la información solicitada vulnera derechos constitucionales, en particular el derecho a la intimidad de Sagardía.

De hecho, el Estado reveló que Sagardía acudió a la agencia para dejar constancia de su postura en contra de que su información fuera entregada al Senado.

En particular, la licenciada Wilda Irizarry Toro sostuvo que la información solicitada por el Senado es confidencial y que ese cuerpo legislativo no agotó todos los remedios disponibles antes de acudir al tribunal. Por ello, argumentó que se trata de una controversia prematura que no debe atender a la rama judicial.

En respuesta a estos argumentos, el licenciado Ramón L. Ramos Aponte, representante legal del Senado, afirmó que los contratistas gubernamentales no tienen una expectativa de intimidad, ya que, como parte del proceso de contratación, deben someter información relacionada con su responsabilidad contributiva.

“El contratista gubernamental no tiene la misma expectativa de intimidad que un ciudadano privado en la esfera civil. Si aspira a ser contratado por una agencia (gubernamental), debe someter información, incluida la que se solicita en esta petición (el Senado)”, afirmó Ramos Aponte durante su turno en la audiencia.

Más allá de la discusión sobre la expectativa de intimidad, el licenciado también abordó el origen del pleito, señalando que surgió cuando Sagardía afirmó públicamente que, presuntamente, subcontrató para prestar servicios al gobierno, en contravención de lo que, supuestamente, establecen sus contratos.

“Si un contratista se expresa públicamente indicando que él sí tenía abogados que lo ayudaban y luego surge de la información que él provee que él no hizo esas divulgaciones, pues entonces estamos enncontrando en un asunto donde el pueblo de Puerto Rico quiere saber la legitimidad de estas cosas”, subrayó.

Más temprano, Pantoja Rodríguez —quien se exponía a ser arrestado e ingresado de inmediato en prisión si no comparecía— llegó al noveno piso del tribunal unos 15 minutos antes del inicio de la audiencia. Allí reiteró ante los periodistas que su postura se mantenía firme: no tenían que entregar datos que son confidenciales.

“El Tribunal se reservó su dictamen. Nuestro planteamiento era, pues eso mismo, que el tribunal nos diera la oportunidad de escuchar los planteamientos, cuáles eran nuestros argumentos en la (petición de) reconsideración en cuanto al balance de intereses y los derechos que están en cuestión aquí”, sostuvo.

Pantoja Rodríguez precisó que “esto no se trata de un solo contribuyente en particular, esto es el derecho que tienen todos los contribuyentes en Puerto Rico sobre la información que someten al Departamento de Hacienda y el deber del secretario de Hacienda es preservar la confidencialidad de la información”.

“Si el contribuyente no autoriza la divulgación de esa información, no se puede hacer”, puntualizó.

La audiencia tuvo lugar el mismo día en que la gobernadora Jenniffer González convocó a un encuentro con la Conferencia Legislativa, en la que participó toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) de la Cámara de Representantes, incluyendo su presidente Carlos “Johnny” Méndez.

No obstante, pasadas las 12:00 p.m., el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz no había llegado al encuentro. De los senadores del PNP, solo asistieron Brenda Pérez Soto, Roxanna Soto Aguilú, Wanda Soto y Migdalia Padilla, de una delegación de 19.

En ruta hacia la vista, Hacienda solicitó, el lunes, la desestimación del caso por falta de jurisdicción, mientras que el Senado contestó el martes con una moción en la que reafirmó que Sagardía está siendo “investigado legítimamente” y dejó claro que está preparado para responder los argumentos del Estado.

“El Senado se reserva para la correspondiente vista de desacato –ordenada por este Tribunal el 27 de marzo de 2026–, todos los argumentos que, a su entender, proceden en derecho para replicar los argumentos que ha esgrimido el Estado en defensa de un contratista gubernamental investigado legítimamente por el Alto Cuerpo legislativo", indica la moción de dos páginas.

Mientras, el Departamento de Justicia, en representación de Hacienda, sometió una moción de desestimación, indicando que, ante la admisión del Senado de que no le notificó a Sagardía la petición de información previo a este pleito, la corte debe examinar si tiene jurisdicción para atender el caso en los méritos.

En la moción, de ocho páginas, el Estado alegó que, sin la debida notificación al contribuyente no se siguió el trámite que exige la ley, el caso Rullán versus Fas Alzamora y el propio Reglamento del Senado, y que el cuerpo legislativo acudió al tribunal de forma prematura sin agotar todos los remedios.

“La omisión de notificar al licenciado Antonio Sagardía De Jesús tuvo como efecto que el Senado acudiera al Tribunal de manera prematura, lo cual incide directamente sobre la jurisdicción del foro. Tampoco el Senado puede valerse de este proceso al amparo del Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, 2 LPRA sec. 154a, como un mecanismo para evadir la notificación requerida por nuestro ordenamiento jurídico”, agrega la moción en poder de El Nuevo Día.

Por lo tanto, el Estado estableció que, dado a que desde el inicio el proceso legislativo no siguió los procedimientos establecidos por la jurisprudencia, el recurso instado por el Senado carece de madurez. “De modo que cualquier pronunciamiento del Tribunal es nulo dado a que carece de jurisdicción”, señaló Justicia.

“Como resultado procede, sin ambages, que se desestime el recurso instado por el Senado, ya que el Tribunal desde el inicio no tenía jurisdicción para atender el reclamo al amparo del del Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico”, puntualizó.

La controversia se remonta a una petición de información de Rivera Schatz, aprobada de forma unánime el 12 de marzo, requiriendo a Hacienda confirmar si Sagardía radicó declaraciones informativas (W-2 y 480), así como detalles básicos como fechas, recipientes de pagos y si estas fueron enmendadas.

Tras la negativa de Hacienda a divulgar los datos el 17 de marzo, alegando confidencialidad bajo el Código de Rentas Internas y protecciones constitucionales, el Senado acudió al tribunal, el 23 de marzo, para que se ordenara la entrega de la información y se declarara a Pantoja Rodríguez en desacato, conforme al Artículo 34-A del Código Político de 1902.

El 24 de marzo, Cancio González declaró “ha lugar” la solicitud y ordenó a la agencia entregar la información en un plazo de 48 horas. Sin embargo, Justicia presentó una moción de reconsideración, solicitando revisar la orden judicial y reiterando que la información contributiva es confidencial.

En su moción de reconsideración, Justicia planteó que la protección a los datos contributivos no se limita a las planillas, sino que abarca cualquier información sometida a Hacienda, incluidas las declaraciones informativas W-2 y 480, así como la identidad de las personas que recibieron pagos.

Además, Justicia cuestionó el alcance de la investigación legislativa al señalar que el Senado no detalló el propósito ni la pertinencia de la información solicitada, y alegó que Sagardía de Jesús es un ciudadano privado, por lo que goza de una mayor protección constitucional.

Como parte de sus argumentos, también sostuvo que el Senado no notificó adecuadamente al exsecretario de Justicia sobre el requerimiento de información.

“La Constitución de Puerto Rico establece un mandato de confidencialidad estricto sobre la vida privada. Las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado. Romper ese sello sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley no solo es una irregularidad procesal, sino un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”, expresó, por escrito, la secretaria auxiliar de lo Civil de Justicia, Tania Fernández Madero.

En resumen, el Senado solicitó a Hacienda indicar si Sagardía preparó declaraciones W-2 o 480 –lo que podía responderse con un “sí” o “no”–, así como las fechas de radicación, los nombres de los recipientes de pagos y si dichas declaraciones fueron enmendadas.

“Como se sabe, se trata meramente de confirmar si un contratista gubernamental había emitido cierta declaración ante el Departamento de Hacienda. En ese sentido, debemos apuntalar que el Senado de Puerto Rico no solicitó información ni copias sobre las planillas de contribución, como tampoco información personal del contratista gubernamental”, sostuvo el Senado, en su solicitud más reciente.

En paralelo, la petición también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

Los requerimientos surgieron luego que Sagardía de Jesús defendió públicamente a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones de Rivera Schatz, en las que cuestionó el manejo de la administración de González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del 2025.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.