


Durante casi un siglo, los residenciales públicos en Puerto Rico han sido presentados como una conquista social, un proyecto moderno nacido en la década de 1930 y expandido hasta los años noventa bajo la promesa de una “vivienda digna”. Sin embargo, hoy esa promesa luce irreconocible. Lo que comenzó como política pública para combatir la pobreza se ha convertido en un sistema que la administra, la perpetúa y, peor aún, la vigila. El “caserío”, más que un espacio físico, es ahora una etiqueta social cargada de estigma y control.

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