La ley número 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, establece, en lo pertinente, en su Artículo 9, inciso (e), lo siguiente: “Los desembolsos que efectúen el Secretario y los pagadores nombrados por el Secretario, serán por servicios, suministros, materiales y cualesquiera otros bienes rendidos o suplidos”.

Recientemente la gobernadora Wanda Vázquez Garced compareció ante los puertorriqueños para intentar acallar un reclamo de transparencia y una seria denuncia de mal uso de fondos públicos en medio de la pandemia que aqueja al mundo y a nuestra tierra. Fue un intento fallido de justificar una transacción que incumple con los principios básicos de la contabilidad de gobierno y de la forma en que se emiten pagos por bienes o servicios. Resulta inverosímil que el principio más elemental de la adquisición de bienes por parte del gobierno no se cumpla y la primera mandataria acuda ante el país a decir que no hubo nada irregular. Ha sido una admisión el hecho de que adelantaron diecinueve millones de dólares. Esa acción es una clara y abierta violación a la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. No se puede reclamar que no hubo irregularidad, cuando el hecho principal de no adelantar pagos por bienes no entregados no se cumplió.

Como si fuera poco, en ese mismo Artículo de la Ley, en el inciso (f), se establece: “Todos los desembolsos que efectúe el Secretario y los pagadores nombrados por él se harán directamente a las personas o entidades que hayan prestado los servicios o suplido los suministros o materiales, o a los cesionarios bona fide según dispuesto en el Artículo 201 del Código Político Administrativo, según enmendado”. El inciso (i) del artículo 9, sobre obligaciones y desembolsos, define lo que son gastos extravagantes, excesivos e innecesarios. “Extravagante. Gasto fuera de orden y de lo común, contra razón, ley o costumbre, que no se ajuste a las normas de utilidad y austeridad del momento. (2) Excesivo. Gasto por artículos, suministros o servicios cuyos precios cotizados sean mayores que aquellos que normalmente se cotizan en el mercado en el momento de la adquisición o compra de los mismos o cuando exista un producto sustituto más barato e igualmente durable, que pueda servir para el mismo fin con igual resultado o efectividad”.

Evidentemente, el mero hecho del adelanto de 19 millones de dólares constituye una ilegalidad. Como también resulta que adquirir pruebas a sobreprecio, violenta la ley y se considera un gasto excesivo. Si a eso le añadimos que las pruebas no cumplen con los estándares de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o CDC, por sus siglas en inglés, la ley considera la transacción como un gasto extravagante. Recordemos que, en este caso, todo parece indicar que el acuerdo fue hecho en La Fortaleza y no en el Departamento de Salud, lo que implicaría otras violaciones de Ley. La pregunta es, ¿dónde se encuentran la Oficina de la Contralora y el Departamento de Justicia ante estos hechos que configuran ilegalidades admitidas? Sabemos que tres entidades investigativas federales exigieron el resguardo de información y solicitaron envío de prueba electrónica, no así de las agencias del gobierno de Puerto Rico.

El esfuerzo de la gobernadora de lavarle la cara a semejante ilegalidad, lejos de hacerla una víctima de la burocracia administrativa, la coloca a ella y a su oficina en el centro de la toma de decisiones que llevaron a un contrato para adquirir pruebas de detección de coronavirus que no cumplen los estándares mínimos, así como a contratos para adquirir ventiladores que llegarían demasiado a destiempo, para no recordar que estas gestiones las pudieron haber hecho desde enero y prefirieron decir que el coronavirus no llegaría a nuestra isla y ya le ha costado la vida a algunos de los nuestros e infectado a cientos o miles. Gobernadora, la transacción es ilegal.