


La reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que permite allanamientos sin orden judicial en propiedades que aparenten estar abandonadas marca un giro preocupante en la interpretación del derecho a la intimidad. En el caso Pueblo v. Apolinar Rondón, el máximo foro validó la ocupación de evidencia en un apartamento del residencial Manuel A. Pérez sin orden judicial, bajo el argumento de que el acusado no tenía expectativa razonable de privacidad por estar allí sin autorización legal. El tribunal de instancia y el de apelaciones habían suprimido la evidencia por considerarla fruto de un registro irrazonable, pero el Tribunal Supremo revocó esa protección en votación 6 a 3.

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