

En estos tiempos extraños, las políticas públicas del gobierno federal no son solo líneas en un presupuesto o directrices administrativas; son decisiones con un profundo impacto en la vida de nuestras universidades. Durante la presidencia de Donald Trump, hemos sido testigos de un viraje significativo en las prioridades federales hacia la educación superior, con un énfasis marcado en recortar o limitar programas asociados a diversidad, equidad e inclusión (DEI), y con un cuestionamiento persistente a los fondos destinados a instituciones que históricamente sirven a poblaciones minoritarias.
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