Rincón - La líder ambiental Carola Acum recuerda la escena como si no hubiese transcurrido un día; la fila de troncos verdes bañados por el sol de la mañana y el rocío del mar. Al otro lado de las vallas que separaban a los manifestantes de los policías, la maquinaria amarilla derribaba decenas de árboles, inmune al llanto de los presentes. Era marzo de 2025, y el Estado se abría camino para llenar el litoral de este pueblo, en el oeste, de cemento y asfalto.

“La sensación fue como si te hubieran cortado un brazo”, reflexiona Acum, portavoz de la coalición Paseo Responsable, sobre la lucha –que continúa– contra un paseo ciclista que alteraría la costa rincoeña y un área protegida –la Reserva Marina Tres Palmas–, hogar de humedales, corales amenazados y abundante vida marina.

Por décadas, la región oeste ha sido protagonista en la defensa del medioambiente, nacida del seno de las comunidades que habitan esos espacios. Defensa que, acorde con líderes y expertos, se ha recrudecido tanto en la suma de amenazas como en los obstáculos impuestos a quienes buscan proteger las tierras del desarrollo desmedido.

“En el oeste, se está dando la continuación y un agravamiento de todo lo que se está dando en el país”, sostuvo el abogado ambiental Omar Saadé Yordán. “Sí, podemos decir que, con los proyectos que se han estado presentando, se agrava la amenaza en el oeste. Pero la razón, digamos que lo abarca todo, es la falta de cumplimiento del gobierno con las normas que ya existen. Ese es el problema principal; y lo saben, y conocen las ilegalidades, y conocen las normas que aplican. Y ahí está el gran problema. Y, sobre todo, ¿por qué quieren limitar, cada vez más y más, a las personas que protegen el ambiente, el acceso al foro administrativo y al tribunal?”.

Son múltiples y variados los conflictos ambientales presentes en la región, que históricamente ha experimentado una menor intensidad de urbanización que el área metropolitana. El enclave de lujo Esencia, que pretende impactar más de 2,000 cuerdas en un área de alto valor ecológico en Cabo Rojo, es el más sonado por su magnitud, pero no es el único. Está el Paseo Ciclista y Peatonal, en Rincón; el desarrollo costero Isabela Reefs, en Isabela; el desarrollo turístico-residencial The Cliff, en los acantilados de Aguadilla; y la propuesta construcción de proyectos industriales de energía renovable en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos en el Valle de Lajas, por mencionar algunos.

Hay movimientos de décadas, como Salvemos a Playuela, que protege al valle costero de ese nombre, en Aguadilla, de obras como el proyecto hotelero Christopher Columbus Landing Resort; y la pugna histórica por las construcciones ilegales en La Parguera. Otros casos, como el del condominio Sol y Playa, en Rincón, han rebasado los límites del territorio para convertirse en una lucha de país, evidenciando las tensiones entre el desarrollo costero, la conservación y el derecho de acceso público a las playas.

“Lo que Rincón ha representado en los últimos años es un epicentro de lucha ambiental, es un epicentro de conciencia, es un epicentro de un desarrollo responsable para el futuro; orgánicamente, la comunidad se ha dado cuenta que ese es el camino a seguir. Rincón se ha convertido en un modelo a seguir de lucha ambiental en Puerto Rico y, hasta ahora, las hemos ganado todas. Eso no significa que la lucha termine; al contrario, se pone más dura y más difícil”, expresó el planificador Ramón Díaz Zambrana, de la organización Amigos de Tres Palmas.

Saadé Yordán conoce de primera mano las barreras de acceso que los ciudadanos enfrentan al intentar recurrir a procesos legales para resolver conflictos ambientales. Entre ellas, enumeró un “patrón” para dificultar el acceso a la información y, como ejemplo, destacó los casos de Playuela, en Aguadilla, y del paseo ciclista, en Rincón.

“El foro administrativo (ante agencias como la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) es sumamente inútil en la gran mayoría de las veces, y el tribunal también presenta unos rasgos enormes. Ninguno de los dos representa una alternativa viable para las comunidades en Puerto Rico porque son procesos sumamente costosos. Y el gobierno lo sabe, y lo hace más costoso. ¿Cómo lo hace? Dificultando el acceso a la información, ese es el primer paso. Son patrones evidentes, donde primero obligan a las personas a demandar para obtener la información. Ahí son miles de dólares. Luego de que tienes la información, te das cuenta de que ellos sabían de las ilegalidades”, denunció el licenciado.

“Hay un sentido general de las personas, cada vez más generalizado, de que no tienen foros en realidad donde ir, y en donde cada vez se limitan más las estrategias y se empujan más las personas a la protesta y a la lucha en la calle. Que, en última instancia, siempre ha sido lo principal”, agregó.

Uno de los escollos sistémicos más recientes es la Ley 82 de 2026, firmada en mayo por la gobernadora Jenniffer González, y que requiere una fianza mínima del 10% del valor total de un proyecto a toda solicitud de paralización en los tribunales. También abre la puerta a desarrollos “estratégicos, prioritarios o de infraestructura crítica” en suelo rústico especialmente protegido que, por definición, no se contempla “para uso urbano o urbanizable por su especial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos”.

El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, reconoció que el lenguaje del estatuto es “conflictivo” y debe revisarse. Cuestionado sobre si considera que, tal cual, debilita la protección de esos suelos, respondió: “Todavía no, porque el Plan de Uso de Terrenos (de 2015) está vigente”.

“Podría debilitarlos, en tanto y en cuanto el lenguaje que tiene es un poquito abierto”, señaló. “Yo tengo que tratar de ajustar eso que está diciendo la ley a lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que la intención legislativa es evitar la controversia. Creo que la redacción de la medida llevó a otra cosa. Definitivamente, pienso que esa legislación hay que mejorarla”.

A esto, se suma la reforma al sistema de permisos, cuya versión final aún se desconoce, pero que mantiene a grupos ambientales y expertos en alerta por el impacto que representaría para la planificación territorial y la protección ambiental.

Al cierre de esta edición, el Mapa de Costas 2.0 de Amigxs del M.A.R. –que se propone visibilizar la magnitud de la privatización que ocurre en los litorales– había documentado 194 denuncias, de las cuales 28 están en el oeste. La organización ecologista estima que, por cada denuncia, hay algunas cinco que no están identificadas en la herramienta.

Detrás de esa vigilancia, hay ciudadanos expuestos a luchas ambientales que pueden tomar años, e incluso décadas, llevándoles a sufrir estrés constante que, en ocasiones, puede redundar en condiciones físicas.

En junio, Acum celebró la decisión judicial que revocó los permisos de construcción del paseo ciclista en Rincón, pero aclaró que la carga emocional no cesa a pesar de la victoria. Otro factor que pesa es el económico; la lucha comunitaria contra el paseo en los tribunales ha costado casi $200,000.

“Fue un año y pico que, básicamente, tú no dormías. O sea, nosotros estábamos de madrugada pendientes, teníamos cámaras, obviamente, que nos avisaban, pero pendientes de cualquier movimiento. O sea, se afecta y cambia toda tu vida. Sí, tenemos esperanza, pero, por otro lado, cuando vemos todas estas leyes irresponsables que están tratando de presentar, pues, entonces, también tenemos mucha ansiedad de qué es lo que va a pasar”, expresó.

Eso tiene un nombre: “hipervigilancia”, un estado de alerta extrema y constante en el que el sistema nervioso se mantiene activado en modo de supervivencia.

La psicóloga clínica Venecia Butler-Pérez, de Amigxs del M.A.R., ha observado entre las comunidades que acompaña en el oeste dolor por la pérdida y el destierro de los espacios que han habitado por generaciones, coraje, tristeza y un ciclo constante de esperanza y desesperanza.

“Cuando hablamos de salud mental básica, ahí vemos el acceso a agua, a luz, educación, etcétera. Y eso, de por sí, en Puerto Rico es ineficiente. A eso, le añades la capa de constante destierro. El desplazamiento no es solo mover la población de un lado a otro; le están desterrando de su conexión con el espacio que han habitado por años o por generaciones, porque hay personas que se quieren asentar en esos espacios. Y esto lo vemos con lo que le llaman desarrollo”, esbozó.

Agregó que uno de los factores más importantes en los esfuerzos comunitarios es el apoyo colectivo. Esto ha quedado reflejado en acciones que han llevado a la creación de la Reserva Natural Comunitaria Mabodamaca, en Isabela; el Bosque La Armonía y el Paseo Comunitario de Tres Palmas, dos áreas rescatadas por la gente de Rincón; y la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo y las Salinas, donde comunidades y organizaciones ambientales lograron detener propuestas de desarrollo turístico.

“Aquí, estamos conservando y protegiendo lo que pertenece a la comunidad”, defendió Díaz Zambrana, desde el paseo rincoeño que cientos de personas visitan cada semana. “Si el pueblo no se mete en este proceso de gobernanza, tenemos un futuro despreciable para nuestra generación, así que nosotros tenemos que tomar acción y hacer que las cosas pasen”.