Tras la elección de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó una investigación sobre un esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos, en 2024, a favor de la ahora gobernadora Jenniffer González, según un reportaje de ProPublica.

Aunque los investigadores tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional, preparaban acusaciones y buscaban conocer si González o su equipo de campaña estaban implicados, la jefatura de la fiscalía federal de San Juan ordenó excluir las denuncias sobre la compra de votos de las alegaciones, según los informes.

La fiscalía federal presentó cargos criminales, en diciembre de 2024, contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31, también conocido como “Los Tiburones”, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de “drones”.

Cuando se llevaron a cabo los arrestos, el 17 de diciembre de 2024, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, sostuvo que “el Grupo 31 se creó formalmente en 1998” y que “su objetivo principal era establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”.

Las denuncias de diciembre de 2024 incluyeron cargos por distribuir drogas –acciones que causaron, al menos, cuatro muertes–, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El esquema de votos por drogas, no por dinero, es descrito en las alegaciones presentadas por la fiscalía, pero no presentaron ningún cargo criminal sobre ese asunto.

“Los individuos que no votaban por los candidatos que eran respaldados por el Grupo de los 31 estaban sujetos a represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, indica el pliego acusatorio.

Poco después que Trump tomó posesión, en enero de 2025, el fiscal Jorge Matos, quien encabezaba la investigación, fue instruido a no continuar con la pesquisa. Matos, quien no estuvo disponible para el medio periodístico, renunció al Departamento de Justicia federal en junio de 2025.

“Antes de las elecciones, la investigación avanzaba a toda máquina. Después de las elecciones, todo cambió”, afirmó una fuente cercana al caso que fue entrevistada por ProPublica.

ProPublica sostiene que dos fuentes han confirmado que “uno de los líderes de pandillas encarcelados se jactó en Facebook de su conexión” con González y publicó una foto de una conversación por WhatsApp durante las primarias de 2024, en las que la hoy mandataria venció al entonces gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

“No cabe duda” que la gobernadora se benefició del supuesto esquema, comentó una de las fuentes.

Cuando se anunciaron los arrestos, la entonces secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, dijo que podía haber “otras etapas” de la investigación e incluir “arrestos de empleados”.

Escobar sostuvo, además, que, bajo su administración, “ningún funcionario electo” se había reunido “con un miembro de la población correccional”.

Tanto Justicia en Washington como la portavoz de la fiscalía federal de San Juan, Lymarie Llovet Ayala, indicaron que los cargos de diciembre se presentaron antes que Trump y González asumieran sus puestos. Llovet Ayala mantuvo que la corrupción gubernamental “siempre ha sido y continúa siendo una alta prioridad”.

González, presidenta del PNP, pro-Trump y líder de facto del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico, no estuvo disponible para ProPublica, que recordó que abogó por construir una estatua para el presidente.

En San Juan, el portavoz de la gobernadora, Jean Peña Payano, dijo este martes que las denuncias se basan en acciones ocurridas durante la administración de Pierluisi.

“El Departamento de Corrección, hasta donde yo tenía entendido, el cuatrienio pasado no era controlado por la gobernadora Jenniffer González Colón. Habría que preguntarles a los oficiales de Corrección y a las personas envueltas en esa administración, porque la gobernadora era comisionada residente. No administraba ni controlaba el Ejecutivo”, dijo Peña Payano, en reacción al reportaje.

“Eso tiene que probarse, pero, repito, el Departamento de Corrección era bajo el gobernador Pedro Pierluisi, y son las personas allí las que deben contestar esas alegaciones. Las alegaciones, alegaciones son. Tienen que demostrarse con prueba y, si es cierto, demostrarlo en un tribunal”, agregó el portavoz de La Fortaleza.

Pero Francisco Domenech, quien fue el director de campaña de la gobernadora y es el actual secretario de la Gobernación, afirmó que es “totalmente falso lo que insinuó” el reportaje de ProPublica.

Al hablar como director de campaña, Domenech sostuvo que nadie vinculado al comité electoral de González, ni la propia gobernadora, fueron entrevistados por las autoridades federales. También, rechazó que la primera ejecutiva haya estado en comunicación con líderes del Grupo 31.

Para Domenech, la información es producto de “intereses políticos que le quieren hacer daño a la gobernadora”, y sostuvo que, en la primaria del PNP por la gobernación, Pierluisi obtuvo el 80% de respaldo entre los confinados.

De acuerdo con el reportaje, el PNP obtuvo el 83% de los votos de los presidiarios en las elecciones de 2024.

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó que el reportaje de ProPublica “describe hechos que ningún funcionario electo en Puerto Rico ni en Washington puede ignorar”.

“He iniciado conversaciones con líderes del Congreso sobre los pasos que podemos y debemos tomar para investigar este escándalo de corrupción pública que atenta contra nuestra democracia”, señaló Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara de Representantes.

Si una persona ofrece dinero o regalo a cambio de apoyo electoral, se enfrenta a un delito grave a nivel federal, con multas de hasta $250,000 y hasta dos años de cárcel.

En marzo, la directora de la Oficina del Directorado Nacional de Inteligencia (ODNI, en inglés), Tulsi Gabbard, afirmó que todavía tienen en su poder máquinas incautadas, en 2025, tras una investigación sobre potenciales vulnerabilidades del sistema electoral puertorriqueño.

La oposición ha denunciado que el gobierno de Trump persigue a los que percibe como enemigos políticos, pero ha dejado de investigar o suavizado cargos y sentencias en contra de aliados, desde los convictos por el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021 hasta el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez.

En octubre pasado, Muldrow, aclaró ante el Tribunal Federal de San Juan que no existía una investigación de cuello blanco u otro tipo en contra de González, después que una orden judicial referente al allanamiento en contra del contratista Daniel García Martín indicara que la intervención estuvo relacionada con una pesquisa que “involucra a la gobernadora y a una propiedad de su familia”.

García Martín fue contratista en la casa de La Parguera de los suegros de la gobernadora, cuyas mejoras en una zona protegida han sido denunciadas ante las autoridades.

Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones bajo la bandera estadounidense que permite a los confinados votar en elecciones.

El reportaje menciona que, como gobernadora, González firmó leyes que expanden las posibilidades de exconfinados de conseguir puestos de trabajo en el sector privado y acelerar el paso para reconsiderar rechazos de solicitudes de libertad bajo palabra.

Domenech sostuvo, en tanto, que la gobernadora ha cumplido con el programa de gobierno del PNP que, enfatizó, promueve la “educación continua y un enfoque rehabilitador”.

El sociólogo Fernando Tormos Aponte, profesor de la Universidad de Pittsburgh, afirmó que, en elecciones que han sido decididas por escaso margen, lo que puede aplicar también a municipios, el voto de los confinados “ha sido una enorme ventaja” para el PNP.

Entre los arrestados por la fiscalía federal el 17 de diciembre de 2024 estuvo Jensen Medina Cardona, quien fue declarado culpable Entre los arrestados por la fiscalía federal el 17 de diciembre de 2024, estuvo Jensen Medina Cardona, quien fue declarado culpable el 28 de octubre de 2021 por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, en hechos ocurridos el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

Según dijo entonces Muldrow, los acusados “distribuían fentanilo, suboxone, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética en las cárceles de Puerto Rico”, como parte de una conspiración que duró, por lo menos, cuatro años.

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Gloria Ruiz Kuilan y Alex Figueroa Cancel colaboraron en esta historia.