Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó este viernes que, en momentos en que se agrava la controversia sobre el escándalo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se hace imprescindible el despido del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

“Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora (Jenniffer González) despida a Francisco Domenech y su claque”, indicó Hernández, en declaraciones escritas, sobre un escándalo que, en junio, llamó la atención del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el republicano Mike Lee (Utah).

Hernández sostuvo que “las alegaciones de corrupción –creíbles y constantes– laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027”.

Sin una nueva ley, los fondos del programa Medicaid, que financian en gran medida el Plan Vital del gobierno de Puerto Rico, pueden reducirse, en octubre de 2027, de unos $4,200 millones a cerca de $500 millones anuales.

“La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre, y a quiénes protege, La Fortaleza?”, agregó el comisionado residente.

Bajo juramento, ante el Senado puertorriqueño, el exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard profundizó esta semana sus denuncias sobre un “patrón” de supuestas irregularidades cometidas por Domenech que, a juicio del exfuncionario, no solo son incompatibles con los principios de “transparencia” e “integridad” que exige la gestión gubernamental, sino que podrían constituir un “delito público”.

En respuesta a una petición del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Negrón Reichard le imputó a Domenech un patrón de obstrucción sistemática, destrucción de evidencia e interferencia en nombramientos. Asimismo, denunció actos de supuesta influencia indebida para beneficio económico e irregularidades con decretos contributivos que implicarían serios conflictos de interés.

El extitular del DDEC –quien había hecho los señalamientos mediante carta a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente– enumeró cinco instancias en las que, entiende, Domenech pudo haber incurrido en perjurio, las cuales abarcan declaraciones falsas sobre consultas a la Oficina de Ética Gubernamental, sobre un aparente trato preferencial por parte del propio Negrón Reichard hacia su esposa, María Gorostiaga Zubizarreta, y sobre la validez del nombramiento del ahora exdirector de la Oficina de Incentivos Ernesto J. Zayas García, supuestamente sin el aval de la gobernadora.

De igual forma, refutó las alegaciones que Domenech hizo ante el Departamento de Justicia relacionadas con la presunta intervención del exsecretario en contratos millonarios y las supuestas presiones indebidas para beneficiar al bufete Reichard & Escalera, del que su abuelo es socio fundador.

Domenech, en un comunicado enviado este viernes, volvió a rechazar las denuncias de Negrón Reichard y Zayas García.

“Estas alegaciones falsas, que básicamente son lo mismo que habían presentado Negrón Reichard y Zayas en sus cartas no juramentadas, responden a un acto de desesperación por el exsecretario del DDEC, sin fundamentos legales ni elementos creíbles, carentes de evidencia objetiva, que no sea la propia que ellos han creado”, señaló.