El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard detalló bajo juramento ante el Senado un “patrón” de supuestas irregularidades cometidas por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que, a juicio del exfuncionario, no solo son incompatibles con los principios de “transparencia” e “integridad” que exige la gestión gubernamental, sino que podrían constituir un “delito público”.

En respuesta a una petición del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Negrón Reichard le imputó a Domenech un patrón de obstrucción sistemática, destrucción de evidencia e interferencia en nombramientos. Asimismo, denunció actos de supuesta influencia indebida para beneficio económico e irregularidades con decretos contributivos que implicarían serios conflictos de interés.

El extitular del DDEC -quien había hecho los señalamientos mediante carta a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei)- enumeró cinco instancias en las que entiende Domenech pudo haber incurrido en perjurio, las cuales abarcan declaraciones falsas sobre consultas a la Oficina de Ética Gubernamental, sobre un aparente trato preferencial por parte del propio Negrón Reichard hacia su esposa, María Gorostiaga Zubizarreta, y sobre la validez del nombramiento del ahora exdirector de la Oficina de Incentivos Ernesto J. Zayas García, supuestamente sin el aval de la gobernadora Jenniffer González.

De igual forma, el exfuncionario refutó las alegaciones que hizo el jefe de gabinete ante el Departamento de Justicia relacionadas con la presunta intervención del exsecretario en contratos millonarios y las supuestas presiones indebidas para beneficiar al bufete Reichard & Escalera, del que su abuelo es socio fundador.

“Hago constar que todo lo aquí declarado es cierto y veraz, y me consta de propio y personal conocimiento. Asimismo, hago constar que presto la presente declaración de forma libre y voluntaria, sin que, para ello, haya mediado coacción alguna”, termina la declaración jurada prestada este jueves y notarizada por el licenciado Celso A. Rivera Flores.

Domenech no emitió comentarios sobre los señalamientos. “Hasta este momento, no tengo conocimiento sobre los documentos a los que hacen referencia. No obstante y por respeto a la Opfei y cualquier otro proceso, no tengo más comentarios”, dijo en declaraciones escritas.

El Senado investiga los señalamientos a raíz de la Resolución del Senado 548, de la autoría de Rivera Schatz. Como parte de la pesquisa, la semana pasada, el Alto Cuerpo requirió a Negrón Reichard que presentara bajo juramento sus denuncias sobre presuntos delitos, intervenciones indebidas y conflictos de interés en contra del secretario de la Gobernación.

En un documento de 58 páginas, Negrón Reichard resumió varios incidentes, encabezados con lo ocurrido, entre marzo y mayo, durante un proceso competitivo relacionado con la contratación de servicios de publicidad con fondos federales administrados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), cuando aún ocupaba la secretaría del DDEC.

Negrón Reichard reiteró que dos empleadas del DDEC le informaron sobre una alegada presión indebida ejercida sobre miembros del comité evaluador del proceso competitivo, con el objetivo de favorecer a un proponente específico. Se trata de Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la OGPe, y la entones jefa de personal, Charlene Neuman Rivera, ambos investigados por la Opfei.

Tras recibir la información, relató Negrón Reichard, ordenó una evaluación e investigación interna a través de la oficina legal del DDEC y paralizar el proceso de contratación en cuestión.

Esa acción, según el exfuncionario, desencadenó otros eventos, entre estos, que Domenech presuntamente utilizó tácticas dilatorias y se opuso reiteradamente a la remoción de los funcionarios señalados por incurrir en presiones indebidas en el proceso competitivo, coordinó acciones para neutralizar y descarrilar la evaluación interna de los hechos y autorizó una opinión legal para cuestionar la autoridad del DDEC sobre la OGPe, en un momento clave de ese análisis administrativo.

Asimismo, dijo que ordenó detener suspensiones sumarias recomendadas por las investigaciones internas bajo amenaza de despedir al director de Recursos Humanos de la agencia.

En la declaración jurada, Negrón Reichard afirmó, además, que Domenech presionó personalmente para la atención urgente de solicitudes de decretos contributivos, incluyendo una vinculada a la firma de cabildeo Politank –propiedad del secretario de la Gobernación hasta diciembre de 2024– y que utilizó “criterios partidistas en disciplina”, al indicar que “no toleraría” personas ajenas a su partido en puestos de confianza.

Respecto al señalamiento de destrucción de evidencia, el exsecretario del DDEC sostuvo que Domenech eliminó mensajes relevantes, en la plataforma Telegram, que contenían la aprobación de inhibiciones de Zayas García en trámites relacionados con el bufete Reichard & Escalera, donde laboró. En una declaración jurada presentada ante el Departamento de Justicia, el jefe de gabinete alegó que las gestiones constituyeron conflictos de interés. Mientras, de acuerdo a la declaración jurada, habría incurrido en “influencia indebida para beneficio económico” al supuestamente “instruir” el salario de su esposa, la licenciada Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.

También, como parte de la investigación senatorial, prestó una declaración jurada Zayas García, el exdirector de la Oficina de Incentivos, quien alegó que representantes de Politank presionaron sistemáticamente para obtener decretos contributivos para el complejo de vivienda de lujo Opus Miramar al margen de los requisitos legales.

En esas gestiones, según Zayas García, habría intervenido Domenech, exigiendo la aprobación del decreto bajo el supuesto de que el proyecto ya contaba con un endoso oficial.

Zayas García reveló, además, que la auditoría realizada por la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) del DDEC al decreto de exención contributiva de Politank identificó a Domenech como el único accionista de la firma de cabildeo desde 2017 hasta el 2 de junio de 2026, fecha del análisis. Dijo, además, que la auditoría se hizo con un “duplicado” porque el expediente original había “desaparecido”.

“Para todos los beneficios legales, el único beneficiario del decreto de Politank es el licenciado Domenech, y los beneficios contributivos del decreto en cuanto a presentes y futuras distribuciones de las ganancias de Politank continúan siendo exclusivamente del licenciado Domenech”, aseveró Zayas García en su declaración.

La evaluación concluyó también que la corporación operó en violación de ley, al omitir la radicación de informes anuales en múltiples períodos y realizar transferencias de acciones sin la debida autorización estatal.

El nuevo titular del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, ordenó una nueva auditoría que confirmó los hallazgos, lo que provocó la imposición de $80,000 en multas. Este jueves, el presidente de PolitanK, Manuel Torres Nieves, dijo en declaraciones escritas que el proceso de auditoría fue “selectivo” y adelantó que apelarán la determinación.

Politank obtuvo originalmente su decreto contributivo, en 2017, para la exportación de servicios y tributa a una tasa preferencial de 4% por servicios elegibles prestados fuera de Puerto Rico.

Zayas García expuso, igualmente, el alegado uso de criterios político-partidistas en la contratación pública, denunciando que el nombramiento de subdirectores quedaba estrictamente condicionado a que los candidatos figuraran en las listas de donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), limitando la selección de personal idóneo.