Washington D.C. - Representantes del sector privado de Puerto Rico avivaron la presión en favor de la reautorización de los fondos del programa Medicaid, que expiran el 1 de octubre de 2027, como parte de reuniones que tuvieron la semana pasada en el Congreso.

Sin embargo, no se espera un borrador de legislación hasta finales de año, según la presidenta de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), Solange De Lahongrais, quien formó parte de una serie de reuniones en que participaron, además, líderes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

“El objetivo es contar con un borrador de legislación a fin de año para iniciar el proceso de discusión con los principales sectores interesados”, indicó De Lahongrais al comentar sobre una reunión con el congresista republicano Gus Bilirakis (Florida).

De Lahongrais –quien dijo que también tuvo conversaciones sobre el programa Medicare Advantage- sostuvo que “Puerto Rico ha demostrado ser un administrador responsable de los fondos federales destinados a la salud”.

Sin una nueva ley, las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico, que financian cerca del 80% del Plan Vital —el programa de salud del gobierno puertorriqueño que beneficia a alrededor de 1.6 millones de personas—, caerían de $4,200 millones anuales a cerca de $500 millones a partir del 1 de octubre de 2027.

Por su parte, la presidenta de la CCPR, Margaret Ramírez Báez, afirmó que las reuniones de la semana pasada formaron parte de una iniciativa denominada Federal Affairs Chamber Educational Series (FACES). La agenda incluyó encuentros en el Congreso, funcionarios del Poder Ejecutivo, centros de estudio y organizaciones empresariales de Estados Unidos para discutir asuntos relacionados con la salud, la energía, la reconstrucción, la manufactura, el desarrollo económico y el sistema tributario

Ramírez Báez destacó encuentros con el Instituto Cato, Tax Foundation y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Asimismo, afirmó que han buscado asesoría técnica y apoyo “para desarrollar una reforma contributiva integral que el sector privado aspira impulsar durante la próxima sesión legislativa en Puerto Rico”.

“Ahora comienza la etapa más importante: transformar estas conversaciones en alianzas permanentes y en iniciativas concretas que fortalezcan la competitividad de nuestra economía”, comentó Ramírez Báez.

De otro lado, Cameron McKenzie, presidente de FACES, destacó que la misión reafirma el valor de presentar una sola voz ante Washington.

“Puerto Rico necesita mantener una presencia constante en la capital federal. Las relaciones se construyen con continuidad, credibilidad y propuestas concretas. Esta misión fortalece el posicionamiento del sector privado como un aliado serio y proactivo para impulsar el crecimiento económico de Puerto Rico”, sostuvo.