Una demanda presentada este martes alega que las agencias de inmigración de la administración Trump han estado compartiendo información confidencial sobre solicitantes de asilo iraníes con el gobierno iraní, lo que supone una violación de la normativa nacional de inmigración y pone en peligro a innumerables iraníes, según se argumenta en los documentos judiciales.

La demanda describe una campaña coordinada entre los Gobiernos de Estados Unidos e Irán para identificar a los iraníes que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y presionarlos para que regresen a Irán, lo que supone un cambio radical respecto a décadas de hostilidad diplomática entre ambos Gobiernos y a una guerra en curso.

Según los registros públicos obtenidos por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, el año pasado se detuvo a unos 600 iraníes por motivos de inmigración. En junio, una mujer iraní se encontraba entre las dos docenas de migrantes que Estados Unidos deportó a la República Centroafricana, lo que supone un cambio notable respecto a la práctica que Estados Unidos había mantenido durante décadas de acoger a disidentes, exiliados y otras personas iraníes desde que la Revolución Islámica de 1979 obligó a un gran número de iraníes a huir.

El Gobierno de Estados Unidos está autorizado a colaborar con funcionarios de gobiernos extranjeros para coordinar los aspectos logísticos de las deportaciones. Sin embargo, la normativa federal aprobada a finales de la década de 1990 prohíbe al Gobierno compartir información que pueda revelar que la persona que va a ser deportada solicitó asilo.

“El Congreso estableció estas medidas de protección de la confidencialidad como obligatorias precisamente porque de ellas dependen vidas, y ninguna agencia ni administración, sea del partido que sea, puede ignorarlas”, afirmó Ali Rahnama, director ejecutivo interino del Fondo de Defensa Legal Iraní-Estadounidense.

A partir de marzo de 2025, organizó reuniones mensuales con funcionarios iraníes, utilizando la embajada de Pakistán como intermediaria, en las que los funcionarios estadounidenses compartieron información detallada y sensible sobre inmigrantes iraníes detenidos a los que el Gobierno de Estados Unidos esperaba deportar, según se indica en una denuncia presentada por los abogados del Fondo de Defensa Legal Iraní-Estadounidense y del Grupo de Litigios de Public Citizen.

La información incluía detalles sobre las solicitudes de asilo presentadas por personas que afirman haber sido perseguidas por haberse convertido al cristianismo, por su orientación sexual o por haber participado en las manifestaciones “Mujeres, Vida, Libertad” contra el Gobierno iraní en 2022, según la demanda, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C.

Según la denuncia, el ICE obligó a los solicitantes de asilo iraníes que habían sido detenidos en numerosos centros, en su mayoría en estados del sur, a reunirse con un funcionario del Gobierno iraní que tenía un conocimiento amplio y específico sobre sus solicitudes. La información se compartió incluso después de que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaran la guerra de Irán en febrero de 2026.

El objetivo de la demanda es impedir que se comparta información sobre los solicitantes de asilo con el Gobierno iraní y nombrar a un supervisor independiente para evitar futuras divulgaciones.

“A pesar de la guerra que mantienen actualmente Estados Unidos e Irán, el Gobierno parece más comprometido con las deportaciones masivas que con la protección de vidas humanas”, afirmó Michael Kirkpatrick, abogado del Public Citizen Litigation Group, en un comunicado.

La demanda cita como algunos de los demandados al Departamento de Seguridad Nacional, al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y al Departamento de Estado. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Estado respondieron el martes por la mañana a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Estas acusaciones se producen en el marco de la ambiciosa y agresiva campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, que supuso más de 600 000 deportaciones y provocó que aproximadamente 1,9 millones de inmigrantes abandonaran voluntariamente el país solo en 2025, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).