Washington - El gobierno de Trump gastó al menos $40 millones para deportar a unos 300 migrantes a países que no son el suyo, ya que los funcionarios de inmigración ampliaron la práctica durante el año pasado para llevar a cabo los objetivos del presidente Donald Trump de expulsar rápidamente a los inmigrantes de Estados Unidos, según un informe compilado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Los demócratas del panel de Relaciones Exteriores, encabezados por la senadora Jeanne Shaheen, critican en el informe la práctica de las deportaciones a terceros países como “costosa, despilfarradora y mal supervisada” y piden “un serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”.

El Departamento de Estado, que supervisa las negociaciones para poner en marcha los programas, ha respaldado la práctica de las deportaciones de terceros países y la ha defendido como parte de la campaña de Trump para acabar con la inmigración ilegal.

“Hemos detenido a miembros de bandas y los hemos deportado. No queremos miembros de bandas en nuestro país”, respondió el secretario de Estado Marco Rubio cuando se le preguntó por algunas de las deportaciones de terceros países en una comparecencia ante el Senado el mes pasado.

El informe, que es la primera revisión de los acuerdos por parte del Congreso, descubrió pagos a tanto alzado que oscilaban entre $4.7 y $7.5 millones a cinco países -Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palaos- para deportar a migrantes a esas naciones. El Salvador recibió a unos 250 venezolanos en marzo del año pasado, mientras que las otras naciones recibieron muchos menos deportados, entre 29 enviados a Guinea Ecuatorial y ninguno a Palaos hasta la fecha, según el informe.

Las naciones examinadas en el informe son solo una fracción del trabajo general de la administración Trump para deportar migrantes a terceros países. Según documentos internos de la administración revisados por The Associated Press, hay 47 acuerdos con terceros países en distintas fases de negociación. De ellos, 15 se han concluido y 10 están a punto de concluirse.

La administración también está negociando acuerdos con países que aceptarán a solicitantes de asilo estadounidenses mientras se tramitan sus peticiones de asilo, según los documentos internos. Hay 17 que se encuentran en distintas fases de negociación, incluidos 9 que han entrado formalmente en vigor, aunque la administración afirma que los acuerdos no tienen por qué concluirse necesariamente para que las personas sean enviadas allí.

Los grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la política de “terceros países” por considerarla una táctica temeraria que vulnera las garantías procesales y puede dejar a los deportados en países con un largo historial de violaciones de los derechos humanos y corrupción.

Durante una visita a Sudán del Sur, el personal del Comité Democrático encontró una casa cerrada con guardias armados donde se retenía a deportados, entre ellos migrantes de Vietnam y México.

Los demócratas también critican el despilfarro y la ineficacia de esta política. Detalla varios casos de migrantes deportados a un tercer país, sólo para que Estados Unidos pague después otro vuelo para devolver al migrante a su país de origen.

“En muchos casos, los inmigrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costes adicionales”, afirmó Shaheen en una declaración firmada también por los senadores demócratas Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen. Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.

Tampoco está claro qué beneficios pueden recibir -o esperar- los países a cambio de aceptar a nacionales de terceros países.

Tras la entrada en vigor de un acuerdo el año pasado, Sudán del Sur envió a Washington una lista de peticiones que incluían el apoyo estadounidense al procesamiento de un líder de la oposición y el alivio de las sanciones impuestas a un alto funcionario acusado de desviar más de mil millones de dólares de fondos públicos, según las comunicaciones diplomáticas hechas públicas por el Departamento de Estado en enero.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.