Nashville - Los abogados de Kilmar Abrego García intentarán convencer el jueves a un juez federal de Tennessee de que desestime los cargos de contrabando de personas que pesan contra él.

Ábrego García, cuya deportación errónea ha galvanizado a ambos lados del debate migratorio, afirma que la persecución penal es vengativa, impulsada por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump para castigarlo después de que se vieron obligados a traerlo de vuelta a Estados Unidos.

Aunque Abrego García es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 le impide ser deportado a ese país. Esto se debe a que un juez de inmigración determinó que corría peligro en El Salvador a causa de una banda que había amenazado a su familia. Abrego García, de 30 años, emigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente, pero tiene una esposa y un hijo estadounidenses. Ha vivido y trabajado en Maryland durante años bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Después de ser deportado a El Salvador el año pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump tenía que trabajar para traerlo de vuelta. Finalmente fue devuelto a Estados Unidos solo para enfrentarse a cargos penales de contrabando de personas basadas en una parada de tráfico en Tennessee en 2022. Las imágenes de la cámara corporal de un oficial de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo con Abrego García después de que lo detuvieran por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el coche, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando. Sin embargo, finalmente se permitió a Ábrego García seguir conduciendo con sólo una advertencia.

El juez de distrito estadounidense Waverly Crenshaw encontró previamente algunas pruebas de que la acusación contra Ábrego García “puede ser vengativa.” El juez dijo que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump “plantean motivos de preocupación.” Citó específicamente una declaración del vicefiscal general Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque ganó su caso de deportación injusta.

Los abogados de Ábrego García llevan meses discutiendo con los fiscales sobre si funcionarios como Blanche tendrían que testificar en la vista del jueves y qué correos electrónicos tendrían que entregarles los funcionarios del Departamento de Justicia. Rob McGuire, fiscal federal adjunto del distrito central de Tennessee, ha argumentado que él fue el único que tomó la decisión de emprender acciones judiciales, por lo que los motivos de otros funcionarios eran irrelevantes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.