Maine — La Asamblea Legislativa de Maine aprobó una amplia ley de control de armas que incluye revisiones de antecedentes en la venta privada de armas, periodos de espera al comprarlas y criminalización de su venta a personas no autorizadas, antes de cerrar la sesión la mañana del jueves, cerca de seis meses después del tiroteo más mortífero en la historia del estado.

A pesar de la fuerte tradición de cacería y el apoyo a los poseedores de armas en el estado, la gobernadora demócrata Janet Mills y la Asamblea Legislativa, de mayoría demócrata, impulsaron varias propuestas relacionadas con las armas de fuego y la salud mental tras el tiroteo en el que murieron 18 personas y 13 más resultaron heridas.

“Maine ha dado pasos importantes para evitar la violencia con armas de fuego y proteger las vidas en Maine”, dijo Nacole Palmer, directora ejecutiva de la Coalición de Seguridad de Armas de Fuego, que elogió a los legisladores por escuchar a su electorado.

El proyecto de ley de la gobernadora, aprobado la mañana del jueves, fortalecerá la llamada ley de bandera amarilla del estado, impulsará la revisión de antecedentes para las ventas privadas de armas de fuego y criminalizará la venta imprudente de un arma de fuego a una persona que no esté autorizada a poseerla. El proyecto de ley también asigna fondos para la prevención de la violencia y abre un centro de recepción para crisis de salud mental en Lewiston.

El jueves, el Senado de Maine también dio su aprobación final por un estrecho margen a un periodo de espera de 72 horas para las compras de armas de fuego y a la prohibición de los automatizadores, que pueden transformar un arma de fuego en una ametralladora.

Sin embargo, no se actuó respecto a una propuesta para instituir una ley de “bandera roja”. El proyecto de ley, apoyado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Rachel Talbot Ross, habría permitido que los miembros de una familia solicitaran a un juez que le incaute las armas a alguien que sufre una crisis psiquiátrica. La actual ley de “bandera amarilla” del estado difiere al poner a la policía a la cabeza del proceso, lo cual, según los críticos, es demasiado complicado.