El relato de una mujer que asegura haber sido víctima de una agresión sexual en una casa de fraternidad de la Universidad Cornell ha llevado a defensores y legisladores a renovar sus críticas contra una ley de Nueva York que dificulta procesar a personas que se han aprovechado de alguien demasiado intoxicado para consentir una relación sexual.

Según la ley estatal, los cargos por violación generalmente deben involucrar el uso de la fuerza o una negativa clara a mantener relaciones sexuales, a menos que la víctima se encuentre físicamente incapacitada por estar inconsciente o mentalmente incapacitada debido a que fue drogada sin su consentimiento.

Estas limitaciones han dado lugar a lo que algunos han denominado la “laguna legal de la intoxicación voluntaria”. Los fiscales no pueden presentar cargos con facilidad contra alguien que mantuvo relaciones sexuales con una persona que se intoxicó voluntariamente hasta el punto de que su capacidad para decir “sí” o “no” a mantener relaciones sexuales quedó comprometida.

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, citó esa ley al defender la decisión inicial de su oficina de no presentar cargos penales contra ninguno de los hombres demandados por una mujer que afirma haber sido víctima de una violación grupal en Cornell en 2024.

Van Houten señaló que, en la declaración jurada que la mujer presentó ante la policía del campus en 2024, ella no afirmó haberse intoxicado contra su voluntad, haber sido obligada físicamente a mantener relaciones sexuales ni haber estado inconsciente cuando ocurrieron los hechos.

“Eso es culpar a la víctima, sin más”, afirmó Stefan Turkheimer, vicepresidente de políticas públicas de RAINN, la mayor organización contra la violencia sexual en Estados Unidos. “Impide que muchos casos lleguen a los tribunales, porque los fiscales son reacios a seguir adelante con un caso cuando la persona quedó incapacitada debido a una intoxicación voluntaria”.

Los legisladores del estado de Nueva York han considerado durante años proyectos para modificar la ley, aunque las propuestas se han estancado pese al respaldo de destacados fiscales de distrito y organizaciones defensoras.

Jeffrey Dinowitz, miembro de la Asamblea estatal que ha patrocinado este tipo de medidas desde 2019, dijo que el caso de Cornell es “exactamente el tipo de situación que esta legislación abordaría” y expresó su esperanza de que exista una mayor urgencia durante la próxima sesión legislativa para modificar la ley.

“Es simplemente indignante y me enfurece que todavía no hayamos aprobado esto”, dijo, y añadió que “al menos garantizaría que la sobreviviente obtuviera justicia”.

La mujer, identificada únicamente mediante un seudónimo en la demanda civil, presentó la denuncia el 16 de septiembre. En ella afirma que fue agredida sexualmente en la fraternidad Chi Phi, en el campus de la universidad de la Ivy League, en octubre de 2024, después de que la presionaran para inhalar ketamina, fumar marihuana y consumir alcohol. La demanda sostiene que quedó completamente incapacitada mientras miembros de la fraternidad abusaban sexualmente de ella.

Van Houten reabrió posteriormente la investigación y dijo que consideraría presentar el caso ante un gran jurado para que este lo evalúe. Sin embargo, en una declaración escrita emitida el lunes, afirmó que su decisión inicial de no presentar cargos se basó en gran medida en una declaración que la mujer entregó a la policía y que posteriormente llegó a su oficina. Según Van Houten, en ella la mujer describió que algunos de los estudiantes estaban incapacitados, pero no dijo lo mismo sobre sí misma.

La policía no ha hecho público ese documento y la declaración del fiscal solo incluyó algunos fragmentos censurados del mismo para explicar su decisión.

Nueva York es uno de los 19 estados cuyas leyes sobre violación o agresión sexual consideran que las víctimas intoxicadas están mentalmente incapacitadas únicamente cuando se emborracharon o fueron drogadas sin su conocimiento o consentimiento, según una investigación de The Associated Press y un informe publicado en The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.

Muchas de estas leyes llevan décadas vigentes. Sin embargo, varios estados han comenzado gradualmente a modificarlas.

Después de que la Corte Suprema de Minnesota revocara en 2021 una condena por conducta sexual inapropiada porque la víctima incapacitada se había intoxicado voluntariamente, la legislatura estatal modificó ese mismo año las leyes para permitir presentar cargos independientemente de que la intoxicación de la víctima hubiera sido voluntaria o involuntaria. Michigan realizó una modificación similar en sus leyes sobre agresión sexual en 2023, y Texas hizo lo mismo en 2025.

“Que la víctima estuviera intoxicada voluntaria o involuntariamente realmente no debería importar en la gran mayoría de los casos, si no en todos”, afirmó Chinmoy Gulrajani, profesor de psiquiatría de la Universidad de Minnesota que ha investigado las leyes estatales sobre agresión sexual. Esto se debe, según explicó, a que “el agresor debería haber sabido que esta no es una persona que se encuentra en pleno uso de sus facultades”.

Turkheimer afirmó que estas leyes pueden tener un efecto desproporcionado en los campus universitarios, donde algunas personas pueden estar consumiendo alcohol o drogas en situaciones sociales por primera vez. Explicó que las leyes sobre incapacidad mental no se refieren a alguien que simplemente ha tomado unas pocas bebidas, sino a situaciones en las que una persona ha perdido la capacidad de consentir.

“El movimiento busca considerar a una persona incapacitada independientemente de cómo haya llegado a ese estado y brindar realmente protección a esa persona”, afirmó. “Se trata de una situación en la que alguien ha llegado a un estado en el que carece de la capacidad para consentir. Y en esa situación, la ley debería proteger a esas personas porque sencillamente no pueden protegerse a sí mismas”.