Sandro “Juancho” González Domínguez, uno de los propietarios de los restaurantes Callejeros, fue sacado de Puerto Rico y trasladado anoche a otro centro de detención en Estados Unidos después de ser arrestado el sábado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y en medio de un pleito en el Tribunal federal para lograr su liberación.

“Ellos, a sabiendas de que se había radicado el habeas corpus y después que emplazamos al fiscal federal y a la representante de ICE en Puerto Rico, a los agentes de ICE, y aún así lo sacaron de Puerto Rico ayer (martes) por la tarde. Se lo llevaron en un avión. Se ha buscado en el sistema de localización de Inmigración y no aparece”, denunció el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Fermín Arraiza Navas.

La detención del comerciante, natural del estado de Guerrero, México, y quien entró hace casi tres décadas a Estados Unidos, ocurrió la mañana del sábado frente al local en la avenida Winston Churchill, en Cupey. Este es uno de los ocho locales de Callejeros, empresa de la que posee el 50 % y que emplea a unas 115 personas.

Arraiza Navas recalcó que la jurisdicción la mantiene el Tribunal de Puerto Rico porque el recurso se presentó antes del trasladado del inmigrante.

Este caso se encuentra en la sala del juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl M. Arias Marxuach, que precisamente emitió una orden la tarde del martes, minutos antes del traslado, prohibiendo el traslado después que ya se lo habían llevado los agentes de ICE.

“No trasladarán a González Domínguez fuera del distrito de Puerto Rico durante los próximos 14 días”, estableció Arias Marxuarch, quien también ordenó que ICE debía responder la petición de habeas corpus a más tardar de las 6:00 p.m. del próximo martes.

En declaraciones escritas, un portavoz del ICE alegó que, según sus registros, González Domínguez está sujeto a deportación de Estados Unidos “por encontrarse en el país sin haber sido admitido o autorizado mediante parole y por no contar con documentos migratorios de entrada válidos”.

El portavoz indicó que el empresario permanecerá bajo la custodia del ICE mientras continúan los procedimientos de deportación y que ya recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración.

“El informe de la operación identifica el arresto como una acción de cumplimiento dirigida. El documento no identifica a ninguna otra persona como arrestada durante este encuentro. Estar detenido es una elección. Exhortamos a todos los inmigrantes indocumentados a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home. Estados Unidos está ofreciendo $3,000 y un vuelo gratuito a los inmigrantes indocumentados que se autodeporten ahora”, expresó el portavoz.

De otra parte, Arraiza Navas comentó que la ACLU radicó una moción urgente pidiéndole al juez que emita una orden so pena de desacato para que lo traigan de regreso a Puerto Rico.

“Esto lo han hecho otras juezas a nivel federal en otros casos donde ya ha ocurrido y nosotros esperamos que la decisión del juez sea favorable para que esta persona pueda regresar a Puerto Rico y que enfrente el proceso de inmigración aquí”, subrayó.

“Es un comerciante reconocido con mucho éxito en Puerto Rico. ¿Cuál es la necesidad de montar todo este operativo? Uno de los jueces de inmigración, ya había señalado una vista de fianza”, puntualizó.

El director legal de la ACLU señaló una “falta de comunicación entre los integrantes de la propia agencia” porque, a su juicio, no había necesidad de un traslado. En otros casos de habeas corpus de la ACLU, inmigrantes se han mantenido retenidos en el centro temporero de ICE en Guaynabo, como fue el caso de Inocencia Rodríguez.

“Se gastan una cantidad de dinero en todos estos traslados innecesarios. ¿Cuál es la prisa si se sabe que se radicó el habeas corpus? Espera que se vea en el tribunal. Cada vez que se radicó un hábeas corpus se supone que lo mantengan aquí y no que estén corriendo para sacarlo", sostuvo Arraiza Navas.