El Tribunal Supremo se negó el jueves a bloquear la aplicación de una ley de Mississippi destinada a regular el uso de las redes sociales por parte de los niños, un tema de creciente preocupación nacional.

Los jueces rechazaron una apelación de emergencia de un grupo de la industria tecnológica que está impugnando las leyes aprobadas en Mississippi y otros estados que exigen a los usuarios de las redes sociales que verifiquen sus edades. La ley de Mississippi exige que las empresas de redes sociales utilicen un proveedor de verificación externo para confirmar la edad de los usuarios.

NetChoice, que presentó la demanda, argumenta que la ley de Mississippi amenaza los derechos de privacidad y restringe inconstitucionalmente la libre expresión de los usuarios de todas las edades. Según NetChoice, la ley obligaría a los sitios web a recopilar información personal de los usuarios y podría obligar a los usuarios a revelar información personal para poder utilizar las redes sociales.

La ley de Mississippi es una de varias leyes estatales que tienen como objetivo regular el uso de las redes sociales por parte de los niños. Los legisladores y defensores de la seguridad infantil han expresado su preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los niños. Argumentan que los niños son más vulnerables a los efectos negativos de las redes sociales, como el ciberacoso, la adicción y la exposición a contenido inapropiado.

Los críticos de estas leyes argumentan que infringen los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios de las redes sociales y que son demasiado amplias. También argumentan que es difícil para las empresas de redes sociales verificar con precisión la edad de los usuarios.

La decisión del Tribunal Supremo de permitir que la ley de Mississippi entre en vigor es una victoria para los defensores de la seguridad infantil. Sin embargo, es probable que la batalla legal sobre la ley continúe en los tribunales inferiores.

La ley de Mississippi es similar a una ley aprobada en Utah que entró en vigor en marzo. Un juez federal bloqueó una ley similar en Arkansas que debía entrar en vigor en septiembre.