Washington - La decisión del doctor Anthony Fauci de acogerse a la quinta enmienda de la Constitución ante el Congreso se pondrá a prueba esta semana, ya que una comisión presidida por los republicanos se dispone a votar para declararlo en desacato y remitir el asunto al Departamento de Justicia.

Una declaración de desacato podría dar lugar a una investigación para determinar si Fauci tenía un derecho constitucional válido a no declarar contra sí mismo cuando se negó a responder a decenas de preguntas de los legisladores en una comparecencia ante una comisión celebrada la semana pasada y centrada en su gestión de la pandemia de COVID-19.

Varios senadores republicanos, entre ellos Rand Paul, de Kentucky —quien citó a Fauci a comparecer y ha convocado una votación por desacato para el jueves—, insisten en que el indulto que el doctor recibió a principios del año pasado del presidente demócrata Joe Biden le privó del derecho a acogerse a las protecciones de la quinta enmienda. Una resolución del Senado publicada el martes afirma que Paul consideró que las alegaciones de privilegio de Fauci carecían de “fundamento”.

Sin embargo, algunos expertos jurídicos afirman que Fauci tenía motivos para acogerse a la quinta enmienda, dada la amenaza de posibles procesos judiciales a nivel estatal y las preguntas de la administración del presidente Donald Trump sobre la validez de los indultos de Biden. Cualquier testimonio de Fauci también podría haber dado lugar a investigaciones por declaraciones falsas, como las que el actual Departamento de Justicia ha iniciado en repetidas ocasiones contra los supuestos adversarios del presidente republicano.

Pase lo que pase, este episodio plantea nuevas y complejas cuestiones sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a testigos que ya han sido indultados, y el resultado podría tener repercusiones que vayan más allá del caso de Fauci.

“Se trata de un caso importante porque creo que mucha gente prevé que el presidente Trump vaya a conceder indultos similares a muchas personas de su administración que acabarán siendo llamadas a comparecer ante el Congreso, y el precedente que se sienta aquí es importante”, afirmó Mark Osler, profesor de Derecho de la Universidad de St. Thomas y experto en la cuestión del indulto.

La comisión de Paul está tramitando el envío de la denuncia por desacato desde su comisión, presidida por los republicanos, directamente al Departamento de Justicia. No está claro si Justicia tomará medidas al respecto.

Fauci, científico veterano de los Institutos Nacionales de Salud y máximo experto del país en enfermedades infecciosas, dejó el gobierno federal en 2022 tras más de cinco décadas de servicio. Formaba parte de un grupo de supuestos adversarios de Trump a los que Biden indultó en uno de los últimos actos del presidente demócrata al término de su mandato. El indulto abarcaba los hechos cometidos desde 2014 hasta la fecha de enero de 2025 en que se concedió el indulto.

Los republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado afirman que el indulto ha disipado el temor a un proceso penal y ha dejado a Fauci sin una base válida para acogerse a la quinta enmienda —una protección constitucional fundamental recogida en la Carta de Derechos, pero a la que, por lo general, solo pueden acogerse quienes tengan motivos razonables para creer que corren el riesgo de ser acusados por su testimonio—.

Aunque, en teoría, un indulto general elimina la amenaza de ser procesado, Fauci dejó claro que consideraba que tenía motivos de buena fe para temer que se le imputaran cargos penales. Se acogió a sus derechos en virtud de la quinta enmienda más de 100 veces.

Antes de la audiencia, Fauci afirmó que Paul, el presidente de la comisión, tenía una “evidente obsesión por pedir que se me procesara”. El objetivo de su comparecencia forzosa “es conseguir que diga algo, lo que sea, que pueda justificar sus repetidas promesas públicas de que yo acabe, en sus propias palabras, y cito textualmente, “entre rejas”, fin de la cita", afirmó Fauci.

En los días previos a la audiencia, Paul publicó en X decenas de mensajes relacionados con Fauci, entre ellos algunos en los que insinuaba que iba a enfrentarse al médico por haber prestado anteriormente un testimonio falso —algo que Fauci ha negado—.

“Creo que tiene sentido que se haya acogido a la quinta enmienda, porque se vio envuelto en una situación en la que todo el mundo en el país entendía que Rand Paul estaba intentando tenderle una trampa para que fuera procesado penalmente”, afirmó Michael Gerhardt, profesor de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte. “En esas circunstancias, una de las cosas más inteligentes que se pueden hacer es pasar lo más desapercibido posible y hablar lo menos posible, y eso es, obviamente, lo que hizo”.

Al anunciar la votación por desacato, Paul señaló en X que “Fauci se negó a responder ni una sola pregunta, a pesar de que sabía que no podía ser acusado de ningún delito” durante la década cubierta por su indulto. Las evasivas de Fauci abarcaron incluso preguntas aparentemente inofensivas, como el color de la corbata que llevaba puesta, lo que refleja su aparente convicción de que era más seguro negarse a prestar cualquier testimonio.

Hay factores que podrían inclinar la balanza a favor de la estrategia de Fauci, entre ellos el hecho de que su indulto no le protegería de posibles procesos judiciales a nivel estatal ni de un proceso federal relacionado con cualquier testimonio que los investigadores consideraran falso. Puede que esa preocupación no sea infundada, teniendo en cuenta el número de investigaciones por declaraciones falsas que los fiscales han abierto contra los oponentes políticos de Trump.

La administración de Trump también ha cuestionado en repetidas ocasiones la validez de los indultos de Biden, dado el uso frecuente que hace este último de un autopen para asuntos oficiales. Los expertos jurídicos afirman que los indultos son válidos.

“La cuestión es si existe un temor razonable a ser procesado, y el argumento de Fauci sería: sí, he recibido un indulto; sí, creo que ese indulto me ampara y evita que sea procesado, pero ha habido declaraciones de muchas personas, entre ellas Trump y otros funcionarios de la administración... que plantean dudas sobre la validez de ese indulto”, afirmó Ross Garber, abogado y experto en investigaciones políticas que ha representado a múltiples clientes que han invocado la Quinta Enmienda.

“Eso —añadió— es, en teoría, un argumento muy válido”.

Paul declaró en una entrevista concedida a Fox News Channel la semana pasada que no creía que “existiera ninguna norma” que exigiera que una remisión por desacato procedente de una comisión tuviera que pasar por el pleno del Senado. En cambio, su comisión está trabajando para enviar la remisión directamente al Departamento de Justicia.

La resolución por desacato establece que el presidente del Senado, el vicepresidente JD Vance, “deberá certificar” la remisión de la comisión y el informe adjunto ante el fiscal federal del Distrito de Columbia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.