Las llamadas “comunidades especiales” que, a partir de 2001, lograron –incluso mediante ley– que se les reconociera espacio, voz, voto y poder en el andamiaje gubernamental, ahora vuelven a hacerse sentir ante la falta de comunicación y el alegado incumplimiento con la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales (Ley 1 de 2001), denunciaron seis líderes comunitarios.

“El problema mayor es uno de comunicación entre el liderato comunitario y la estructura gerencial de Comunidades Especiales. No es como antes que había reuniones periódicas, en la región era todo más rápido. Las asambleas no se están haciendo desde que está esta administración”, dijo Carlos Iván Pérez, líder comunitario de Playa Húcares, en Naguabo.

“Lo otro es que hay un enfoque muy marcado hacia las comunidades de base de fe, están más inmersos dentro de los procesos de las agencias que los mismos líderes comunitarios. Más comunicación, más urgencia y más acercamiento. También vemos una dilatación en culminar la reconstrucción o construcción de centros resilientes, que son lugares con equipo y espacio para (suplir las necesidades) de comunidades”, abundó Pérez.

Otra preocupación, planteada por el presidente de la Alianza de Líderes Comunitarios, Jorge Oyola, es el rumbo que lleva la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec), a cargo de las comunidades especiales.

“Entendemos que no va dirigido al propósito de la Ley 1 del 2001, que es la autogestión, el apoderamiento de las comunidades y sus líderes. En la toma de decisiones y participación de cuando se asignan fondos para el beneficio de las comunidades... (que) los líderes comunitarios sean reconocidos, no meramente por su trabajo, sino por la aportación que hacen al bienestar social de nuestro país”, afirmó Oyola.

La Ley 1 de 2001, que establece como política pública el desarrollo integral de estas comunidades mediante la autogestión y el apoderamiento comunitario, fue la principal iniciativa de la exgobernadora Sila María Calderón, quien buscaba, principalmente, combatir la pobreza en estos sectores marginados.

El proyecto identificó inicialmente 686 comunidades especiales en los 78 municipios, según datos del Senado.

“Estos hombres y mujeres asumieron liderato en sus sectores y aprendieron a tomar su destino en sus propias manos. Así lograron reclamar que las instituciones públicas y privadas contaran con ellos para las decisiones sobre sus comunidades”, dijo Calderón, en declaraciones escritas a petición de El Nuevo Día.

“Sin embargo, a través del tiempo, los gobiernos subsiguientes no le han brindado al proyecto de las Comunidades Especiales, ni los recursos, ni la importancia que requieren para exigir cumplimiento de las necesidades comunitarias, ni recibir la inversión monetaria necesaria para llevar a cabo los proyectos esenciales para su subsistencia”, agregó.

Oyola aseguró, en tanto, que ha compartido, en cuatro reuniones, las preocupaciones y el malestar de los líderes comunitarios con la exsenadora Keren Riquelme, quien dirige la Odsec, sin que suceda “nada”.

Sin embargo, Riquelme rechazó las denuncias de los líderes comunitarios y alegó que nunca le han presentado los señalamientos.

“No es que nosotros no hemos tenido comunicación. Le hemos dado ya la vuelta a Puerto Rico en dos ocasiones con los líderes comunitarios. Los hemos recibido en las oficinas. Yo me he movido por las regiones”, expresó Riquelme.

Precisó que, desde que llegó al cargo, en agosto de 2025, ha estado activa y que este año realizó seis reuniones regionales “con el liderato comunitario”, a las que asistieron cerca de 600 líderes comunitarios. En esas reuniones, dijo, consultó a los participantes si preferían encuentros por separado o en las comunidades. Como resultado, agregó, realizó 25 reuniones privadas, 30 visitas a comunidades y atendió 143 referidos.

Además, Riquelme dijo que la Odsec visitó cerca de 200 comunidades, donde llevaron enseres, mochilas escolares, bultos de seguridad, compras y cisternas, además de ofrecer servicios relacionados con el manejo de especies invasoras y la confección de planes de emergencia.

Pero la líder comunitaria de Laurel, en Ponce, Carmen Pacheco, sentenció que la Ley 1 de 2001 no se hizo para repartir enseres.

“No es bultos o taller. Es capacitación, autogestión apoderamiento”, reclamó la mujer.

Entretanto, Edwin Serrano, líder comunitario de La Tea, en San Germán, contó a El Nuevo Día que, desde el 18 de marzo, han pedido ayuda a la Odsec porque confrontan problemas con el servicio de agua potable, pero tampoco han recibido respuesta.

“Ellos (la Odsec) no han hecho nada. Ellos están dejando que nosotros sigamos. Yo le estoy enviando la comunicación que le enviamos a (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados). Se han hecho de la vista larga. No hay voluntad”, dijo Serrano.

Sobre el alegado énfasis en las organizaciones de base de fe, Riquelme dijo que “solo ha habido un solo entrenamiento para líderes de base de fe”.

En cuanto a los centros resilientes, que son espacios comunitarios preparados para operar en emergencias o desastres naturales, pero que también son utilizados como puntos de reuniones el resto del año, comentó que se trata de 37 proyectos: 27 están en progreso, ya sea en subasta o construcción; siete están construidos y tres no han comenzado.

Asimismo, reconoció la denuncia de los líderes comunitarios de que en más de un año no se ha convocado a una asamblea ni al consejo asesor comunitario, que debe reunirse cada tres meses.

Atribuyó la falta de movilización a que el consejo asesor comunitario fue derogado, pero señaló que, mediante un estatuto aprobado este año, la Ley 72 de 2026, se creó una mesa interagencial y una comisión asesora de líderes comunitarios.

“Es una de las cosas que nosotros vamos a discutir con ellos en la próxima reunión... El consejo comunitario no estaba constituido. Entonces, si había una ley en el tintero, para qué... íbamos a pasar doble trabajo de constituir un consejo comunitario mientras el proyecto de ley se iba a atender. Esperamos a que la ley se aprobara”, dijo Riquelme, quien es la tercera directora de la Odsec bajo la administración de Jenniffer González.

Por su parte, Aníbal Cruz, líder comunitario de Los Filtros, en Guaynabo, indicó que esas asambleas y reuniones periódicas del consejo eran importantes porque les permitían compartir problemas, soluciones e ideas, “pero eso se ha caído”. Dijo que contaban con empleados regionales en representación de la Odsec que estaban pendientes de las comunidades.

“Eso se ha perdido. Las comunidades especiales, el gobierno las ha dejado a la deriva”, afirmó.

El presupuesto de Odsec es de $2,860,000. Del fondo federal, $1.5 millones son operacionales y deben tener relación con el fondo. El 90% del fondo federal que se recibe va a cuatro entidades subrecipientes, que son otorgados por mandato de ley.