Las llamadas “comunidades especiales” que, a partir de 2001, lograron –incluso mediante ley– que se les reconociera espacio, voz, voto y poder en el andamiaje gubernamental, ahora vuelven a hacerse sentir ante la falta de comunicación y el alegado incumplimiento con la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales (Ley 1 de 2001), denunciaron seis líderes comunitarios.