El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, alegó esta noche que la gobernadora Jenniffer González le habría solicitado la renuncia “inmediata” a la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Bianca Medina Díaz.

El legislador dijo que la primera ejecutiva le pidió la renuncia a Medina Díaz “en momentos en que la agencia enfrenta cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos federales y mientras persisten problemas asociados a la implementación de ÍntegraPR en el pago a suplidores de servicios en este programa”.

El Nuevo Día solicitó confirmación sobre la supuesta renuncia a los portavoces de la Adsef y a La Fortaleza sobre las declaraciones del legislador y espera por respuesta.

Ferrer Santiago instó al gobierno a garantizar la continuidad de los servicios en Adsef.

“Lo que está ocurriendo en ADSEF genera una incertidumbre que el gobierno tiene que atender de inmediato. Estamos hablando de la agencia responsable de administrar miles de millones de dólares en fondos federales del PAN y otros programas esenciales para miles de familias puertorriqueñas. No podemos permitir que la inestabilidad administrativa, los problemas de ÍntegraPR en el pago a suplidores de servicios esenciales de este programa y cualquier controversia relacionada con el manejo de estos fondos terminen afectando a quienes dependen de estas ayudas para alimentarse”, afirmó Ferrer.

El líder popular solicitó a la gobernadora y a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, que informen si la salida de Medina Díaz tendrá un impacto sobre las operaciones de Adsef, incluyendo la administración y desembolso de los beneficios del PAN, así como sobre otros programas de asistencia nutricional que maneja la agencia.

“Independientemente de las razones que hayan llevado a esta determinación, el gobierno tiene que explicar qué está pasando en ADSEF, y quién está tomando las decisiones. No se puede permitir que una controversia administrativa se convierta en otra crisis operacional que termine afectando los servicios que recibe nuestra gente”, sostuvo el portavoz cameral.

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