Tras un intercambio de información con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que 83 empleados públicos no recibieron la bonificación que les correspondía para el año fiscal 2023-2024, a la luz de las disposiciones del Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central.

Los desembolsos al grupo de servidores públicos –que, en algunos casos, representarán el pago total de la cuantía y, en otros, un ajuste al monto ya pagado– fueron autorizados el lunes por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en una misiva al director ejecutivo de la Aafaf, Francisco Domenech.

El grueso del listado de empleados que no recibieron el pago o solo obtuvieron una porción del “Upside Participation Bonus” (UPB) que les correspondía está compuesto por trabajadores del Departamento de la Familia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), de acuerdo con el desglose incluido en la comunicación de Mujica. El desembolso especial del año fiscal 2023-2024 –al que tienen derecho afiliados de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipios (AFSCME, en inglés)– consistía de una bonificación base de hasta $2,000 y un “bono incremental” de $177, para un total de $2,177.

Para cumplir con las bonificaciones pendientes, el gobierno central deberá desembolsar $165,190.

La AFSCME fue una de las entidades que apoyó la confirmación del Plan de Ajuste, por lo que la JSF acordó el otorgamiento de bonificaciones anuales en función de los niveles de recaudos del gobierno central.

“El 5 de marzo de 2025 y el 11 de junio de 2025, la Junta de Supervisión recibió listas de la Aafaf, certificadas por la AFSCME, identificando empleados adicionales que reclamaban elegibilidad total para el UPB del año fiscal 2024, pero habían recibido menos”, señaló Mujica, al precisar que el organismo que dirige contrastó las reclamaciones con información provista por múltiples agencias públicas.

La carta de la JSF no precisa cuándo el gobierno emitirá los pagos. En términos generales, los empleados elegibles recibieron el bono en diciembre de 2024.

De acuerdo con la carta, el Departamento de la Familia y las dependencias bajo su sombrilla cuentan con 36 empleados de AFSCME con pagos pendientes, seguido de 32 del DCR, seis del Departamento de Educación, cinco de la Administración de Rehabilitación Vocacional, dos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y dos del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“La Junta de Supervisión autoriza el uso de $165,190 e instruye a la Aafaf a acordar con las agencias aplicables el pago a cada empleado elegible de la porción restante para alcanzar el UPB completo del año fiscal 2024”, puntualizó Mujica, al precisar que la disponibilidad de los fondos presupuestados se extendió por medio de una reasignación.