A una semana de que venza el plazo para someter el informe de la pesquisa encaminada por el Departamento de Justicia sobre el marco jurídico de las casas enclavadas en La Parguera, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, no ha sido citado para testificar, a pesar de estar en el medio de la controversia.

Mientras, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, aseguró que no habrá prórrogas y los resultados de la investigación se anunciarán una vez se someta el informe, el 4 de agosto.

“Una vez la fiscal concluya su análisis y emita su informe final con las recomendaciones correspondientes, estaremos informando con total transparencia al pueblo de Puerto Rico sobre los hallazgos y determinaciones”, dijo Gómez, por escrito, a solicitud de El Nuevo Día.

“Esta investigación cuenta con una fecha límite para su finalización, establecida para el 4 de agosto. Esta fecha se mantiene firme y no se concederán prórrogas, en cumplimiento con los términos que rigen este tipo de investigaciones”, agregó.

La pesquisa es conducida, desde enero, por la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. La fiscal a cargo de la pesquisa es Marie L. Díaz de León.

En declaraciones previas, la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, la fiscal Sonia Martínez, expresó que debían terminar la investigación para el 4 de agosto y que, independientemente de cuál fuera el resultado, debían notificar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei). Indicó, entonces, que investigan “posibles delitos que tengan que ver con corrección, con corrupción pública, con delitos en contra de la función pública”.

Como parte de la pesquisa, fueron citados y testificaron la exsecretaria del DRNA Anaís Rodríguez Vega, dos empleados de esa agencia y el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz. Quiles, sin embargo, no fue convocado.

“Al sol de hoy, a mí nadie me ha citado. Nadie me ha pedido ser testigo, ni declaraciones. Yo sigo en mi día a día, y no me preocupo de esas cosas. Yo no conozco el contenido de la investigación. El Departamento de Justicia tiene que hacer su trabajo, y yo estoy en la disposición (de cooperar)”, dijo Quiles a preguntas de El Nuevo Día.

“Si en algún momento me citaran, para lo que fuera, yo estoy disponible. Como me enseñó mi abuela allá en el campo, el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Yo vivo tranquilo, y lo puedes escuchar en mi voz. Yo estoy con cosas más grandes de qué preocuparme que una posible investigación. ¿Tú sabes todo el trabajo que yo tengo?”, agregó.

La investigación, según ha dicho la secretaria de Justicia, surgió tras un referido de Hernández Ortiz.

A juicio del senador popular, el secretario del DRNA debe ser referido a la Opfei por entender que la orden administrativa que suscribió tan pronto llegó al cargo sobre el marco jurídico de las casas en La Parguera es “ilegal”.

El legislador, además, ha cuestionado por qué Quiles firmó la orden administrativa al llegar al DRNA y “si alguien dio instrucciones” para que se firmara, “no empece a que había instrucciones dentro de la División Legal para que no se hiciera”.

En enero, el senador había pedido a la entonces designada secretaria de Justicia, Janet Parra, una opinión legal sobre la orden administrativa, pero esta optó por referir el asunto a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de la agencia.

El DRNA, por conducto de la directora de la División de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Brenda Liz González, ha dicho que la orden no tuvo el efecto de archivar los casos relacionados con las estructuras en La Parguera, incluida la que pertenece a los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón. Por ende, aseguró que la investigación está viva y ha seguido su curso.

Los suegros de la mandataria, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, son objeto de una pesquisa administrativa por supuesta construcción ilegal en una propiedad en la mencionada zona.

El 23 de junio, la exsecretaria del DRNA, Rodríguez, testificó por más de tres horas. Al salir de la sede de Justicia, su abogado, Leonardo Aldridge, sostuvo que su clienta, al dejar el puesto en diciembre, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración, contrario a lo esbozado por la gobernadora.